Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1472 

  • Las inversiones en el sector están detenidas por la actual crisis sanitaria, afirma el titular del Cenace.


El senador Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que es fundamental que exista equilibrio entre la generación de electricidad privada y la del Estado, cuidando siempre el interés general de la Nación.

 

El legislador de Morena consideró que en este momento el tema del acuerdo sobre las centrales eléctricas es “fuerte” en el país; pero se debe tener claro que también es un problema de equilibrio entre la generación privada de electricidad y la del Estado; no es fácil lograrlo, apuntó.

 

Dejó en claro que el Estado tiene la obligación de proteger -sobre el interés particular- tanto al Estado de derecho, como el interés general de la Nación.

 

Señaló que el desarrollo de las energías renovables tiene que avanzar forzosamente, pero al mismo tiempo se tienen que aprovechar los recursos que el país tiene, como los combustibles fósiles.

 

Guadiana Tijerina recordó que la ley establece que para el año 2050, la producción de energías renovables deberá ser de 50 por ciento del total. Se tiene que avanzar en este tipo de energías. No es que se esté en contra de ellas, sino que ahorita es un alto en el camino por el asunto de la pandemia, remarcó.

 

En la reunión a distancia de trabajo con el Director General del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, los integrantes de la Comisión analizaron y cuestionaron al funcionario federal sobre el estado que guarda actualmente el sistema eléctrico nacional.

 

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, dijo que se le están endosando todas las fallas del sistema eléctrico a las energías renovables, aun cuando el número de problemas están relacionados también con las no renovables. Le pidió al ingeniero Morcos “defender la causa de las energías limpias y no hacer caso de instrucciones que dañen el planeta”.

 

Su compañero de bancada, el senador Julen Rementería del Puerto señaló que el acuerdo que emitió el Gobierno Federal en esta materia es ilegal, ya que presenta lineamientos que simplemente atentan contra el Estado de derecho. Se viola la ley de la industria eléctrica y afecta los compromisos internacionales sobre medio ambiente, además de que no presenta una temporalidad fija, precisó.

 

En tanto, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, expresó que las decisiones que se están tomando en esta materia, son por la pandemia y el riesgo que existe por las energías intermitentes. Indicó que para los problemas que tiene la generación de electricidad en el sur-sureste del país, sería favorable la implementación de las renovables.

 

El también senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar aclaró que el decreto publicado en el Diario oficial de la Federación, no dice que haya una cancelación de las energías renovables, “pero si debemos darnos una idea de la temporalidad de la suspensión y de las pruebas en diversos proyectos”.

 

Por su parte, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, señaló que varias naciones en el mundo están modificando sus marcos jurídicos para impulsar una transición energética ordenada, encaminada a incorporar centrales eléctricas con energía natural. En México no se toca ninguna legislación y todo se hace a través de decretos, que al parecer, suspenden instrumentos que las fomentan, apuntó.

 

En su intervención, el director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) aseguró que por las circunstancias por las que atraviesa el país hay muchas inversiones “paradas”, no sólo en la industria eléctrica.

 

Indicó que dos millones 600 mil kilowhatts de capacidad, que están en pruebas fueron suspendidos. No sólo por las características de la generación, sino porque todas sus instalaciones no han sido probadas o garantizadas para su conexión al sistema eléctrico, precisó.

 

Dijo que por la crisis sanitaria, la demanda de energía en el país se redujo 10 por ciento, por ello, es complicado llevar a cabo las pruebas, ya que se puede poner en riesgo la demanda que se requiere para los hogares, hospitales y todas las nuevas instalaciones que se han adecuado como centros de salud y “eso sería irresponsable”.

 

Explicó que en la medida que crezca la demanda durante el año, el riesgo de la proporción de la capacidad que generen las pruebas es menor, a pesar de ello, “podemos hacer las pruebas, pero no en las condiciones en las que la demanda se redujo”.

 

Refirió que las energías eólica y fotovoltaica tomaron relevancia en 2019, al grado que actualmente hay capacidad instalada cercana a los 10 millones de kilowhatts. “Estamos hablando de que la demanda máxima que tuvo el año pasado fue de 50 millones, es decir, 20 por ciento de la capacidad de demanda”, concluyó.