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El Senado de la República hizo un llamado a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal para que designen un grupo plural de por lo menos tres diputadas o diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas.
Ello, con la intención de armonizar el marco jurídico para combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas de este delito.
Al presentar el punto de acuerdo que fue probado de urgente resolución, la senadora panista Adriana Dávila Fernández dijo que la Comisión contra la Trata de Personas, de la que es titular, ha establecido como una de sus líneas de trabajo la conformación de dicha Conferencia para impulsar la homologación legislativa en la materia y llevar a cabo las reformas legales necesarias.
De igual manera, indicó que se pretende crear un sistema de información denominado observatorio legislativo para dar seguimiento a la correcta aplicación de la ley, las reformas y políticas públicas encaminadas a combatir ese delito y a reparar el daño a las víctimas.
Refirió que en México se calcula que al menos 16 mil niños son víctimas de trata de personas, por lo que resulta de vital importancia que los legisladores de toda la nación trabajen juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia a efecto de fortalecer un marco jurídico integral y eficaz contra ese mal.
A su vez, la senadora perredista Angélica De la Peña Gómez aseguró que este tipo de delitos es uno de los “grandes flagelos” que sufre la humanidad en los últimos tiempos.
En el caso de México --agregó-- lo que se ha hecho es insuficiente para poder realmente prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, por lo que se necesitan más acciones para abatirlo de manera contundente.
La senadora Margarita Flores Sánchez opinó que para prevenir, sancionar y erradicar ese delito se requiere un enfoque integral que involucre a las autoridades federales, locales y municipales, así como a la sociedad civil.
Manifestó que este problema por su complejidad sociocultural se ha convertido en un asunto de difícil atención que comienza con la propia interpretación del ilicitico por parte de las autoridades.
Para la senadora petista Martha Palafox Gutiérrez este fenómeno va más allá de regulaciones jurídicas y se tienen que analizar su entorno, el contexto político, social, cultural y sobre todo las causas que lo generan, como la discriminación por género, la migración interna o internacional y violencia social.
Dijo que este flagelo subsiste debido a la oferta de personas y la demanda de servicios de los cuales son obligadas mujeres, niñas y niños, además por la impunidad de los “regenteadores” y la corrupción de las autoridades.
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