Número-1419
- La mayoría de los vocales son Secretarios de Estado, debe incluirse a titulares de instituciones enfocadas en la materia.
Para fortalecer el papel del Consejo de Salubridad General como responsable de la conducción de la política nacional de salud, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, presentó una iniciativa para modificar la integración de dicho órgano con los titulares de cinco instituciones en la materia que garanticen el sentido científico, técnico y político de sus funciones.
Lo anterior, explicó, significa aumentar a 18 los vocales que lo conforman, en lugar de los 13 que actualmente se establece en el artículo 15 de la Ley General de Salud en materia de Integración del Consejo de Salubridad General, además del presidente y el secretario.
En el documento de la legisladora del PRI, se precisa que el Consejo depende directamente del Presidente de la República, con la facultad de emitir disposiciones de carácter general y obligatorio en el país, a través de la definición de prioridades, la expedición de acuerdos, en cumplimiento con la Constitución.
La actual Ley señala que el presidente del órgano colegiado debe ser el Secretario de Salud, y que dentro de los trece vocales titulares, dos deberán ser los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine.
Actual, el Consejo está conformado por una mayoría de vocales que son secretarios de Estado, por lo que la senadora priista propone aumentar el número de integrantes con los directores generales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y del Instituto Nacional de Salud Pública.
La senadora por Sonora reconoció que es indudable la potestad constitucional del Consejo, así como su integración colegiada, ya que sus decisiones van más a allá de la salud pública e impactan en los ámbitos económico, empresarial, laboral, educativo y de finanzas públicas, en los tres órdenes de gobierno y para la población en general.
La conformación actual, insistió, genera que las decisiones no sean tomadas por especialistas en salud pública y que sus votos pueden estar más influenciados por aspectos políticos o de otra índole, que por aspectos médicos o de salud.
“Tal y como está sucediendo con la pandemia del coronavirus, que 19 días después de haber declarado los primeros casos de contagios, se reunieron en sesión extraordinaria, tomando medidas parciales”, señaló.
Recordó que la ley también establece que los nombramientos de los integrantes del Consejo deben recaer en profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias, lo cual tiene sentido toda vez que para ejercer sus funciones indudablemente se deben apoyar en la ciencia y en consideraciones técnicas.
También propuso la legislador que en caso de aprobarse la declaratoria por motivo de enfermedades graves, que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria, se integren al Consejo los directores generales de los demás Institutos Nacionales de las especialidades médicas que se requieran según las características de la emergencia.
Entre esas instituciones se encuentran: el Instituto Nacional de Cancerología; Instituto Nacional de Geriatría; el Instituto Nacional de Medicina Genómica; Instituto Nacional de Pediatría; el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra; y el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
