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Senadores del PRI, PRD y PVEM presentaron una iniciativa para reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado en los municipios de Campeche, Chiapas y Tabasco que colinden con la frontera de Belice y Guatemala.
Con esta medida se pretende impulsar el desarrollo social, comercial e industrial de la región, a fin de abatir los “graves conflictos” provocados por los flujos migratorios y las condiciones de inseguridad generadas por la trata de personas, así como el tráfico ilícito de drogas y armas.
Al presentar la propuesta, el senador priista Raúl Aarón Pozos Lanz advirtió que “al Estado mexicano le ha faltado visión para desarrollar la frontera sur, dotarla de incentivos fiscales y rescatarla de la inseguridad, la parálisis económica y la falta de oportunidades”.
Reconoció que los recurrentes conflictos sociopolíticos en el sur de México tienen como característica común las condiciones arraigadas de pobreza, desigualdad y olvido, pero “son nulos” los apoyos para fomentar la economía.
El legislador mencionó que con la iniciativa se busca beneficiar a más de un millón y medio de mexicanos, que en su mayoría padecen altos índices de analfabetismo, desnutrición, incertidumbre y falta de oportunidades.
Pozos Lanz explicó que en la Ley del IVA se establece que la región fronteriza solo comprende los territorios de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca, Cananea, una región parcial de Sonora y la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.
Por ello, se propone reformar el ordenamiento para que un territorio más amplio de la frontera sur cuente con tasas impositivas más competitivas.
Destacó que en Estados Unidos los impuestos al consumo oscilan entre el 6 y 8 por ciento, mientras que en Guatemala es del 12 por ciento y en Belice del 10 porciento.
En cambio, existen centros urbanos municipales cercanos a la frontera sur de nuestro país, con infraestructura económica básica, que escapan de la franja fronteriza de los 20 kilómetros, donde el impuesto al consumo es del 16 por ciento y esto “desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región”.
La propuesta, que se turnó a la Cámara de Diputados, también fue suscrita por los senadores René Juárez Cisneros, Humberto Domingo Mayans Canabal, Roberto Armando Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, del PRI.
Además, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández y Zoé Robledo Aburto, del PRD; Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.
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