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El senador panista Salvador López Brito propuso este jueves que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca sea un órgano público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura, a fin de impulsar el desarrollo de esta actividad que “apenas contribuye con el 0.5 por ciento al Producto Interno Bruto”.
Afirmó que México es un país con un gran potencial en la pesca de consumo, deportiva, acuícola y de maricultura, pero por la falta de recursos para investigación, tecnificación e industrialización, así como un ordenamiento adecuado de las pesquerías dificultan su desarrollo.
No obstante, enfatizó, la acuacultura es la segunda rama con mayor crecimiento, tan sólo por debajo del sector de las tecnologías de la información, por lo que resulta un área de oportunidad para nuestro país.
Además, dijo, el sector pesquero y acuícola es una fuente importante de alimentos, aporta insumos para la industria, divisas por la venta de productos de alto valor comercial y genera unos 350 mil empleos directos y dos millones de puestos de trabajo indirectos en todo el proceso productivo.
López Brito aseguró que “el potencial para crecer es enorme”, si se toma en cuenta que tenemos 11 mil kilómetros de costas, 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros y 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos.
Pero, subrayó, el ordenamiento de la pesca y acuacultura requiere de autonomía de gestión y de los recursos económicos suficientes para poder ejercer políticas públicas sostenibles, eficaces y eficientes.
Explicó que la Conapesca, como organismo desconcentrado, está subordinada a la Sagarpa, por lo que todas las políticas públicas que implementa, programas y normatividad deben ser autorizadas por esta Secretaría que tiene la responsabilidad de atender a todo el sector primario nacional.
Por esa razón, el presupuesto asignado al sector primario pesquero es administrado por una dependencia que a su vez coordina a servidores públicos de tres subsecretarías, 22 unidades administrativas, 32 delegaciones y 7 órganos administrativos desconcentrados.
La propuesta, que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
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