Número-1176
- Cualquier organismo público, tendrá la obligación de hacer públicas dichas estadísticas, llevar a cabo un seguimiento de las mismas y transparentarlas.
En reunión extraordinaria, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Clemente Castañeda Hoeflich, aprobó, en unanimidad, dos dictámenes que le fueron turnados por la Mesa Directiva para su análisis.
Castañeda Hoeflich informó que la reunión se hizo en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para promover las acciones legislativas que tengan por objeto la protección, ampliación y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujeres.
Uno de los dictámenes aprobados corresponde a una minuta que adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de violencia de género.
El texto plantea que “la información estadística sobre los registros de casos en materia de violencia de género y el seguimiento de los mismos, se deberá considerar como parte de la rendición de cuentas de los sujetos obligados”.
Esto implica que cualquier entidad, órgano u organismo público, tendrá la obligación de hacer públicas dichas estadísticas, llevar a cabo un seguimiento de las mismas y transparentarlas.
El registro deberá incluir datos de identificación de modo, tiempo y lugar de ocurrencia; relación de las personas, sujeto pasivo y activo; acciones realizadas y resultados obtenidos, sanciones y reparación del daño.
Con la información publicada, agrega, “se podrá evaluar la gestión de la administración Federal y local en materia de políticas públicas implementadas para que las mujeres tengan una vida libre de violencia”.
El proyecto busca armonizar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “Hacer explícita la obligación de transparentar la información en materia de violencia de género, es una necesidad en pro del pleno ejercicio de los derechos de la mujer”, asegura.
Buscan paridad de género en nombramientos del INAI
El otro dictamen busca reformar los artículos 18 y 53 de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de incorporar la paridad género como principio rector en los procesos de integración del Instituto y de su órgano consultivo.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la distribución de las y los funcionarios en puestos de alta dirección en la organización principal de la Administración Pública Federal está altamente masculinizada; la titularidad de los puestos de dirección en las diferentes instituciones y dependencias es ocupada en una gran proporción por hombres (83.3 por ciento contra 16.7 de mujeres).
La mayor participación femenina se da en el puesto de Oficial mayor, en el que, por cada 100 titulares, 20 son mujeres; así como en otros cargos, en las cuales 19 de cada 100 plazas son encabezadas por mujeres.
El documento asegura que uno de los mayores compromisos del nuevo paradigma político mexicanos es reducir la participación desigualdad de la mujer en las instituciones públicas. Para esto, señala, se debe establecer un equilibrio positivo en igualdad de circunstancias y oportunidades para ambos géneros en la toma de decisiones de los espacios públicos.
El decreto prevé que la ley habrá de determinar las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad en los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos.
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