Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1029 

  • Es reglamentaria de los Artículos 1, 2, 4, 27, 115 y 122 Constitucionales; garantizará el acceso equitativo al vital lìquido y evitará su acaparamiento.

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que preside el senador de Morena, José Narro Céspedes, recibió la Iniciativa Ciudadana que crea la Ley General de Aguas, cuyo fin es garantizar a la población en general el acceso y derecho equitativo al vital líquido y su saneamiento, y evitar su acaparamiento en más del 70 por ciento por empresas mineras, refresqueras, embotelladoras, inmobiliarias, en su mayoría trasnacionales, que afectan nuestros ecosistemas.

 

Se establecen las instancias, instrumentos, principios, criterios y procedimientos para la participación de los gobiernos Federal, estatales, municipales y demarcaciones territoriales, así como de los pueblos indígenas y la ciudadanía para garantizar y salvaguardar el derecho humano al agua para todos los habitantes del país, así como para las futuras generaciones.

 

La ruta legislativa para la discusión, análisis y dictaminación de la nueva ley reglamentaria del agua, será la Cámara de Diputados como Cámara de origen, y el Senado de la República como Cámara revisora, a través de las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Salud; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, principalmente. El proceso se realizará en el actual Periodo Ordinario de Sesiones.

 

La propuesta fue firmada y cotejada con credencial de elector por 198 mil 129 ciudadanos y es reglamentaria de los Artículos 1, 2, 4, 27, 115 y 122 Constitucionales que, además, define las bases, apoyos y modalidades para proteger y preservar todas las aguas superficiales y subterráneas, pluviales, residuales y de toda índole, incluyendo la restauración de los ciclos del agua y de las cuencas.

 

Es impulsada por más de 400 organizaciones civiles locales y nacionales, académicos y especialistas agrupados en el Movimiento Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Se logró consensar en numerosas reuniones, talleres, foros y congresos desde marzo de 2012. Representa una gran oportunidad para una nueva etapa de la gestión del agua en el país, que garantiza el derecho humano a través del acceso equitativo y sustentable, afirman.

 

La doctora Elena Burns, autora de la iniciativa e integrante de dicho Movimiento, informó que se establecieron 12 objetivos básicos que conforman esta propuesta de ley reglamentaria de nuestra Constitución Política, que son:

 

Uno, Respetar la Naturaleza; dos, Respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; tres, Coadministrar el agua en el territorio; cuatro, Reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos; cinco, Prohibir agua para minería tóxica y fracking; seis, Acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; siete, Cerrar puerta a la privatización; ocho, Democratizar los servicios del agua; nueve, Priorizar el agua para la soberanía alimentaria; diez, Garantizar acceso pleno a la información; once, Asegurar recursos públicos suficientes; y doce, Erradicar la corrupción e impunidad en el sector hídrico.

 

“La grave crisis del agua es generada por una política hídrica fallida. La demanda general es que esa crisis se debe al ejercicio discrecional de autoridades federales, estatales y municipales que entregan concesiones a grandes empresas e industrias nacionales y transnacionales; no pagan derechos por su uso o lo hacen como quieren, pasando por encima de los derechos de pueblos indígenas, comunidades rurales y ejidales, que padecen la escacez del vital liquido”, manifestó.

 

Por ello, subrayó, esta iniciativa plantea que las personas en general tengan acceso a recursos jurídicos para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contravengan la obligación de garantizar su derecho humano al agua. También se proporcionará un mejor acceso a la justicia a grupos vulnerables y reconoce la importancia de garantizar el trabajo de los defensores de derechos, acotó.

 

Señaló que esta propuesta sustituirá a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y reformanda el 8 de febrero de 2012, que es reglamentaria del Artículo 4 Constitucional, con la cual se reemplazará la lógica del mercado y de autoridad unilateral con los que se ha dispuesto su uso indiscriminado.

 

“Iniciamos nuestro proceso consensando los cambios requeridos en la gestión del agua y cuencas para poder cumplir con nuestros derechos y los de las futuras generaciones, así como sus derechos asociados a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación”, comentó.

 

Expuso que la vigente Ley de Aguas Nacionales de 1992 fue el requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio de América Norte (exTLCAN, hoy T-MEC), con el objetivo principal de concesión de nuestras aguas y no su cuidado.

 

Además, se estableció a la Comisión Nacional del Agua como “autoridad del agua” sin contrapesos y para otorgar concesiones “al mejor postor”, excepto en casos cuidadosamente delimitados, y con facultades para inspeccionar, vigilar, fiscalizar o sancionar, pero sin obligación ni consecuencias si no lo hace.

 

“Hoy, según datos oficiales de INEGI, de la Auditoria Superior de la Federación y de la propia Conagua, documentan nuestro descenso al desastre bajo este esquema: El 70 por ciento del volumen de aguas concesionadas está en manos de apenas 2 por ciento de los titulares, mientras que 25 millones de mexicanos solo tienen acceso al agua en su vivienda o terreno cada tercer día o dos veces a la semana; y 17 millones de personas adicionales viven en una situación de mayor precariedad”, afirmó.

 

Agregó que la mayor parte de la población del país sobrevive del abasto de las 114 cuencas y 115 acuíferos que se encuentran sobreconcesionados, mientras que el 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua sufren contaminación industrial y minera, principalmente.

 

“El ejercicio discrecional de la autoridad ha permitido dedicar la mayor parte de los recursos federales disponibles a pocas megaobras hidráulicas con costos excesivos y de cuestionable valor, como el Emisor Oriente, la Presa Zapotillo, entre muchos más. Mientras que los recursos federales disponibles para obras locales de agua y saneamiento para 2020, es de solo el 17 por ciento respecto al monto destinado en 2016”, manifestó.

 

Bajo este esquema y sin consecuencia alguna, señaló, la Conagua ha dedicando cada vez menos recursos al área de inspectores, de tal modo que actualmente solo cuenta con 85 de ellos para cubrir más de 537 mil concesiones de aguas nacionales.

 

Mientras que los gobernadores, con sus leyes estatales permiten la inversión de recursos estatales y federalizados a grandes obras hidráulicas que violan los derechos de los pueblos originarios por donde cruzan. “También facultan a sus autoridades a firmar arreglos para la privatización de los sistemas municipales de agua para mayor potencial de lucro, a través de documentos no disponibles al público”, denunció la doctora Elena Burns.

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