Número-1022
- Buscan proteger a la función pública de falsas denuncias, difamaciones o calumnias y respetar presunción de inocencia.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para que los servidores públicos que sean acusados por la comisión de algún delito, puedan llevar su proceso en libertad sin ser separados de su cargo hasta en que no exista una sentencia firme de la autoridad judicial que resulte condenatoria.
Lo anterior busca proteger a la función pública de falsas denuncias, difamaciones o calumnias y garantizar los derechos procesales de los imputados con mayor certeza bajo un estricto principio de presunción de inocencia.
El documento detalla que la propuesta se centra en combatir la impunidad de servidores públicos que hayan cometido algún delito, sin descuidar nuestras instituciones y sus funciones realizadas a cargo de ciudadanos en un papel de servidores públicos.
Además, busca desaparecer el juicio de procedencia, es decir, omitir la necesidad de que el Congreso delibere y voté la eliminación de la inmunidad para que la autoridad competente pueda proceder penalmente en contra de algunos de los servidores públicos señalados.
En caso de existir una sentencia firme, que implique la privación de la libertad, se procederá a la sustitución, de acuerdo con la legislación aplicable, afirma.
La inmunidad procesal, precisa, no es privilegio de una persona, sino el cuidado institucional a una investidura. Desafortunadamente, agrega, esta figura se ha utilizado indebidamente, protegiendo servidores públicos que probablemente incurrieron en la comisión de un delito, generando impunidad.
Considera necesario que el Presidente de la República sea responsable de sus actos, sin desproteger su investidura como jefe del Estado mexicano. Para ello, propone incorporarlo como sujeto de juicio político y que, en caso de que se le impute un delito, este pueda ser separado del cargo.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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