Número-1020
- Se dará certeza en caso de que mexicanos sean víctimas de genocidio u otro tipo de crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota propuso reformar el artículo 21 de la Constitución, a efecto de que el Estado Mexicano reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de crímenes como genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión.
Explicó que en 1998 la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas aprobó el Estatuto que establece la Corte Penal Internacional, conocido como el “Estatuto de Roma”.
La legisladora del PRI indicó que el 7 de septiembre de 2000, el Estado mexicano suscribió este mecanismo internacional, mismo que fue ratificado por el Senado de la República el 21 de junio de 2005 y que entró en vigor para nuestro país el 1 de enero de 2006.
Recordó que el 20 de junio de 2005, con la finalidad de adecuar la legislación vigente a lo dispuesto por el Estatuto, se reformó el artículo 21 de la Constitución para establecer que “el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Sin embargo, Anaya Mota dijo que el resultado obtenido de esa reforma no es del todo satisfactorio, pues se realizó en contravención a lo dispuesto en el propio Estatuto de Roma, pues da facultades discrecionales al Ejecutivo Federal para aplicarlo o no, al establecer la palabra “podrá”.
Asimismo, mencionó que el reconocimiento estará supeditado a que el Senado apruebe la propuesta del Ejecutivo Federal, respecto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Por ello, consideró pertinente y necesario que se adecue el texto constitucional, a fin de reconocer la jurisdicción de la Corte en los casos que textualmente se señalan en el Estatuto de Roma y en los términos del mismo establece.
De esta manera, subrayó, se dará certeza en caso de que los mexicanos seamos sujetos pasivos de la comisión de cualquiera de dichos delitos, se podrá recurrir a la instancia internacional correspondiente.
Además, redundará en la imagen internacional de México como una nación democrática, civilizada y respetuosa del Estado de derecho, finalizó.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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