Número-952
- Se reformará el Artículo 21 Constitucional y la Ley General de Víctimas con ese fin.
El senador Juan José Jiménez Yáñez, de Morena, planteó elevar a rango constitucional la obligación del Estado para que repare de manera integral el daño e indemnice a las víctimas de delitos del fuero común en el país, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se establece en la Ley General de Víctimas, y con ello evitar recursos de amparo en contra de esa legislación reglamentaria, con lo cual, las autoridades no tendrán pretexto para combatir la delincuencia y abatir los índices de inseguridad.
Con ese motivo presentó dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, para reformar el párrafo noveno y adicionar un párrafo décimo para recorrer los actuales del Artículo 21 de la Constitucón Política; y la segunda, para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y la Ley de Coordinación Fiscal.
El legislador queretano argumentó que su propuesta parte de la motivación que preocupa y ocupa por mejorar las condiciones de seguridad en el país, partiendo de esfuerzos conjuntos entre la autoridad, en sus tres niveles de gobierno, y la sociedad.
Señaló que ante la violencia e inseguridad que prevalecen en el país y para continuar con una visión integral para abordar esa problemática, se requiere el complemento urgente de generar incentivos para el adecuado tratamiento de los delitos del fuero común, que son responsabilidad de los gobiernos estatales, donde las cifras son alarmantes, crecientes y la ausencia de una cultura de la denuncia permiten la existencia de una cifra negra de transgresiones que no denunciadas y que va del 30 al 90 por ciento, dependiendo de su tipo.
Entre ellos, mencionó el homicidio doloso y feminicidio; homicidio culposo; secuestro; extorsión; trata de personas; robo con violencia; robo de vehículo; robo a casa habitación; robo a negocio; robo a transeúnte; violación y narcomenudeo.
Expuso que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el 2019 se cometieron alrededor de 2 millones de delitos del Fuero Común, mientras que del Fuero Federal fueron cometidos apenas 100 mil, aproximadamente.
Expuso que ello confirma que el deterioro de la seguridad de los mexicanos se ha vuelto crónico y sistémico; es decir, una situación profundamente arraigada en nuestra sociedad y que no va dejando espacio alguno sin afectar en la misma.
Aseguró que la inseguridad en México dejo de ser hace lustros una coyuntura localista, a causa de la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad, y la aplicación desde hace 12 años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia.
Comentó que el tema de la reparación a las víctimas de delitos, visto como un derecho a la compensación por el daño padecido, no es nuevo en la legislación mexicana, y sin duda se fortalecerá con las nuevas normas en la materia que ha venido aprobando el Congreso de la Unión.
Pero cuestionó: ¿Qué pasa cuando el autor del delito no es denunciado, y el delincuente no es perseguido, detenido, procesado o sentenciado? O bien, cuándo el delincuente se evade, es insolvente o simplemente nunca fue presentado ante las autoridades.
Con la Ley General de Víctimas, dijo, existen reconocimientos y obligaciones para que se repare íntegramente el daño a las víctimas, incluyendo la posibilidad de alguna compensación o indemnización.
El problema, subrayó, es que esta circunstancia implica un trámite que no necesariamente es elegible para todas las víctimas del delito; además de que no queda clara la reparación si el delincuente se evade, o es insolvente, o simplemente no existe probable responsable del mismo. Es decir, cuando la carpeta de investigación abierta, después de razonable tiempo, sigue sin avance, entre otros aspectos.
“Pero creemos que lo más grave está en la conformación de los fondos estatales, ni que decir del fondo federal, donde la integración presupuestal de los mismos es predominantemente con recursos federales. La Entidad Federativa ni siquiera es responsable de la conformación con dinero propio para la integración del fondo estatal que le corresponde y realice la cobertura de la reparación integral a las víctimas del delito”, declaró.
Afirmó que este solo hecho tira por la borda el esfuerzo de la ley para la atención de la víctima, pues la autoridad local sigue sin incentivos para siquiera detener a los delincuentes, pues aunque se ha definido más o menos cierta responsabilidad solidaria con las víctimas, la cobertura de la reparación no sale totalmente del bolsillo local.
Por esas razones, subrayó, el delito, sus terribles tendencias y efectos, no se detienen, resultando en una situación cada vez más insostenible e inaceptable para la población, pero de manejo cómodo para la autoridad, pues no le implica ninguna afectación presupuestal, administrativa, fiscal, etcétera.
Comentó que la Ley General de Víctimas establece que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se debe conformar en cada entidad y se integrará con recursos que estas destinen para tal fin; aportación que vendría a ser complementada con la asignación de recursos que se destine al fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Ello no debe ser así. El fondo estatal se debe conformar con recursos que cubran todas las solicitudes de reparación aprobadas que no puedan ser cubiertas por el autor del delito. Más cuando en dicha ley reconoce la obligación del Estado para la reparación integral y la indemnización de las víctimas, que en la presente iniciativa elevaremos a rango constitucional, para que mañana nadie emita recurso legal contra esta necesaria legislación ya existente en norma secundaria”, fundamentó el senado Juan José Ramírez Yáñez.
Las propuestas fueron turnadas para estudio y dictamen de la siguiente manera: La iniciativa de reformas al Artículo 21 Constitucional se remitió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda; y la iniciativa para reformas diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Coordinación Fiscal fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.
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