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Senadoras de la Comisión contra la Trata de Personas se reunieron con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a fin de revisar los alcances de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo.
En la reunión, la senadora panista Adriana Dávila Fernández, titular de este órgano legislativo, destacó que los casos concretos sobre la aplicación de la Ley en las entidades federativas “están generando todo tipo de problemas”.
Subrayó que la semana pasada, en Tlaxcala, “lamentablemente” consiguieron su libertad delincuentes dedicados a esta actividad, “porque la integración de las averiguaciones previas no correspondía a la tipificación del delito”.
Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez reconoció los avances para considerar a la trata de personas como un delito grave, pero a la hora de aplicar el nuevo ordenamiento presenta “espacios” que generan confusión.
Dijo que es indispensable definir claramente las disposiciones para sancionar este tipo de conductas, pues “una norma de naturaleza penal no puede tener interpretaciones y eso es lo que pasa” con ésta.
Por su parte, Felipe de la Torre, asesor de Naciones Unidas, advirtió que la norma contiene 26 tipos penales relacionados con la trata de personas, cuando el Protocolo de Palermo define “claramente” una sola figura penal, por lo que “nos preocupa” su implementación.
Dijo que es positivo el tratamiento integral de las víctimas que prevé, pero puede originar una “proliferación de organizaciones de la sociedad civil” para atenderlas y “no cualquiera” tiene la capacidad de establecer refugios o albergues.
Por ello, consideró necesario crear un organismo regulador, que permita estandarizar los procedimientos y protocolos de atención, así como la capacitación de los funcionarios que están en contacto con las víctimas.
En su turno, Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la CNDH, coincidió en que la atención a las personas que han padecido este tipo de crímenes “es muy delicado y requiere de especialistas en la materia, sobre todo para evitar la revictimización”.
Resaltó que a la fecha sólo se han registrado 77 sentencias por trata de personas --tres a nivel federal y 74 en el ámbito local-- y si hablamos de que al menos 20 mil niñas son explotadas en México para fines sexuales dicha cifra no es “alentadora”.
El principal problema de la impunidad, enfatizó, se debe a las dificultades para aplicar una Ley, que sin duda “tiene muchas bondades, pero consideramos que sí puede perfeccionarse en muchos aspectos”.
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