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El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó ante senadores que la seguridad pública es un tema que requiere ser atendido “con la mayor urgencia”, pues en los últimos seis años aumentó de manera considerable el número de víctimas de la violencia y de los que han sufrido diversos agravios por actos y omisiones a cargo de diversos servidores públicos.
Lo anterior, precisó el funcionario, implicó un incremento sustancial de las violaciones a los derechos humanos, principalmente por actos de tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, desaparición forzada y privaciones arbitrarias de la vida.
Señaló que no se pueden desconocer factores como la presencia cada vez más activa de la delincuencia organizada, pero tampoco “se puede dejar de lado la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la prevención del delito y de la procuración de justicia”.
En este escenario insistió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la necesidad de citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Genera García Luna, a fin de que explique los motivos para no aceptar tres recomendaciones de manera consecutiva sobre casos de torturas y desapariciones forzadas “que fueron abiertamente rechazadas”.
Además, dijo, se requiere que dé cuenta de “los nulos avances sobre el deslinde de responsabilidades ante violaciones graves de derechos humanos que se acreditaron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero”.
Expresó que “la policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley y una corporación policial o de seguridad pública que presenta recurrentes graves fallas es una corporación que no sólo no realiza el trabajo para el cual fue diseñada sino que además alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuele al final de cuentas generadora de violencia”.
En su exposición, Plascencia Villanueva dijo que la Comisión Nacional registró de 2005 a la fecha 34 mil 385 quejas, concentradas en cateos ilegales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura, contra servidores públicos adscritos a las áreas encargadas de seguridad pública federal, cifra que representa un incremento del 84 por ciento en los últimos tres años.
Destacó que en los últimos seis años, 46 mil 15 personas fueron ejecutadas y existen 15 mil 921 cadáveres no identificados, así como mil 421 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, por lo que de 2005 a la fecha se han emitido 45 recomendaciones vinculadas con el tema o con atentados al derecho a la vida de las personas.
Por otra parte, de enero de 2005 a julio de este año, agregó, la CNDH recibió un total de cinco mil 568 quejas en la que se imputó a la autoridad el incumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de estos, así como de visitas domiciliarias.
Subrayó que actualmente se investigan dos mil 126 casos por desaparición forzada, hay 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizables y nueve mil quejas en torno a dicha problemática.
También resaltó que cuando parecía que se erradicaría la tortura en nuestro país, ésta también creció “de forma exponencial” y el número de quejas por este delito ascendió de una por tortura y 436 por tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2005 a dos mil 40 quejas en 2011.
Además, dijo, existen cinco mil 202 víctimas de femenicidios en 27 entidades de la República, por el fracaso de las políticas públicas y las instancia que se crearon para prevenir e investigar este lacerante fenómeno y el sistema penitenciario atraviesa una crisis severa que tiene entre sus principales causas la falta de un política pública integral y articulada.
Consideró que el Estado debe hacer un esfuerzo para que las víctimas del abuso de poder encuentren la manera de recibir una justa reparación de daño y abatir el 99 por ciento de impunidad que priva en materia de persecución de los delitos.
En la ronda de preguntas, la senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que éste órgano legislativo ya aprobó la solicitud de la CNDH para que asista al Senado el titular de la SSPF, pero aún se requiere el aval de la Comisión de Justicia.
Aseveró que existe omisión y falta de voluntad política del servidor público para atender las recomendaciones y esto provoca que “siga creciendo la impunidad en el país”.
A nombre del PRI, el senador Miguel Ángel Chico Herrera expuso que el informe de la CNDH “es muy contundente, claro, grave y delicado” sobre la falta de gobernabilidad en los centros de readaptación social, los cateos ilegales, la tortura física y la impunidad.
“Eso nos demuestra --enfatizó el legislador-- que la situación en materia de derechos humanos en este sexenio es reprobable y muy preocupante”.
A su vez, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, de Acción Nacional, consideró que también a nivel estatal “se hace poco en materia de derechos humanos y hay comisiones que debieran ser mucho más activas y no hacen el trabajo adecuado”, como en el Distrito Federal.
Manifestó su preocupación por la situación en la que operan los reclusorios de la Ciudad de México, pues las denuncias que 70 reos hicieron a través de videos en Internet confirman las recurrentes violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, afirmó que “no hay duda” de que se llevará acabo la comparecencia de García Luna, con el propósito de analizar el desempeño de la Secretaría y saber qué es lo que sigue “para regresar el orden”.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Layda Sansores San Román dijo que “tuvo más efectividad” la denuncia de los internos del Reclusorio Oriente que las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que hay que buscar nuevos mecanismos para resolver el problema de las cárceles.
Al responder, el titular de la CNDH afirmó que “cuando los internos tienen el control de algunas acciones dentro del reclusorio es porque --en la mayoría de los casos-- los propios directivos lo toleran”, pues no hay otra forma de que puedan introducirse drogas o artículos prohibidos si las autoridades “no relajan las medidas de seguridad”.
Sobre la posible desaparición de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, expresó que “el esquema de reorganización administrativa podría resultar útil” ante un panorama donde las violaciones a los derechos humanos no solamente no se contuvieron en los últimos años, sino que se incrementaron”.
Asimismo, informó que “el número de quejas en contra de las Fuerzas Armadas se fue incrementando también de manera sustancial durante los últimos seis años” y el año pasado se presentaron cerca de 500 en contra de la Secretaría de Marina.
Por su parte, el Ejército, agregó, recibió alrededor de dos mil quejas por año en torno a torturas, cateos ilegales y atentados contra la vida en retenes.
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