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La Comisión de Justicia, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth, aprobó los dictámenes por los que considera elegibles a todos los integrantes de las ternas que envió el Ejecutivo federal para remplazar a los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de que los seis aspirantes comparecieran ante ese órgano de trabajo, los senadores resolvieron que todos cumplen con los requisitos y cuentan con la experiencia para fungir como magistrados del máximo tribunal.
Los documentos se enviaron a la Mesa Directiva, para que los someta a la consideración del pleno.
Previamente, los candidatos para suplir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudieron ante senadores de esta Comisión para exponer las razones por las que quieren ser ministros de la SCJN.
Los legisladores cuestionaron a Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, sobre su desempeño en el Servicio de Administración Tributaria en donde ha “facilitado” a los grandes contribuyentes “no pagar impuestos”, así como su rol en la venta de Banamex a Citigroup, y si su llegada a la Corte causaría un conflicto de interés debido a su carrera como litigante fiscal.
En sus respuestas, el titular del SAT no negó que de llegar a ser elegido ministro pudiera haber asuntos en los que se presenten conflictos de interés, sin embargo, en caso de que los hubiera, “existe el procedimiento de la excusa que es calificada por los demás ministros”.
Con relación a la venta de Banamex reconoció que el despacho en donde laboró defendió a Citigroup pero fue otra oficina de litigantes la que llevó la parte fiscal de ese asunto. “No participé en esa transacción”, afirmó.
Aclaró que durante su gestión se obtuvo la mayor recaudación tributaria de la historia, se amplió la base de contribuyentes de 7 a 39 millones, y se ganó más del 60 por ciento de los juicios contra grandes causantes.
Posteriormente, los senadores pidieron a Norma Lucía Piña Hernández su opinión respecto a la propuesta de algunos partidos políticos de instaurar la pena de muerte, sobre la extinción de dominio y qué tipo de reforma judicial necesita el país.
Para la magistrada cuando existen crisis de inseguridad los ciudadanos piden endurecer las leyes como una forma efectiva de enfrentarla, pero “eso no solucionará nada y lo que se tiene que hacer es atacar el problema de raíz porque la finalidad del Estado no es matar o encarcelar a los ciudadanos”.
En cuanto a la aplicación de la extinción de dominio, se pronunció por escuchar a los particulares afectados antes de consumar la decisión de privarlos de sus bienes.
Sobre la reforma judicial manifestó que corresponde a los legisladores dar certeza al orden jurídico y construir una cultura de respeto a las reglas “que nos hemos dado”.
Más adelante, senadores de varios partidos preguntaron a Ricardo Romero Vázquez si considera conveniente mantener figuras como el arraigo, la extinción de dominio y testigos protegidos.
En opinión de Romero Vázquez esas figuras jurídicas son “puntos” en donde todavía no se determina si son los más convenientes para enfrentar al crimen organizado, ya que por un lado existe el respeto irrestricto de los derechos humanos de los delincuentes y por otro están los flagelos que la delincuencia ocasiona a toda la sociedad.
En este contexto --agregó-- cualquiera podría decir que deben prevalecer los derechos humanos, aún cuando se trate de la peor de las personas, “con lo cual yo estaría de acuerdo en una circunstancia ordinaria pero tratándose del crimen organizado ya no es lo mismo”.
Por ello, consideró que en las actuales circunstancias esa garantía de igualdad debe sufrir una “excepción” y “analizar la situación de continuar con ese respeto y pensar qué es lo que le conviene a la sociedad”.
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