Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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altLa Comisión de Justicia aprobó el procedimiento por el que desahogará las comparecencias de los candidatos para sustituir a los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayogitia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En reunión de trabajo, el senador Roberto Gil Zurth informó que al momento “no han llegado las nuevas ternas” que enviará el presidente Felipe Calderón al Senado de la República.

Explicó que una vez recibidas, los aspirantes intervendrán ante el pleno de la Cámara de Senadores entre el 20 y 22 de este mes, para que el viernes 23 comparezcan en la Comisión de Justicia  “en el mismo formato que seguimos para las ternas” rechazadas.

Posteriormente, el lunes 26 se elaborarán los dos dictámenes relativos al cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución para ocupar el cargo y después se someterán a discusión y, en su caso, aprobación de la asamblea.

Gil Zurth resaltó que el 30 de noviembre concluyen su encargo Aguirre Anguiano y Ortiz Mayogitia, por lo que la Comisión debe presentar ente el pleno los dictámenes en tiempo y forma.

Por otro lado, la Comisión avaló el acuerdo para que las comparecencias de los candidatos a ocupar el lugar de Jorge Efraín Moreno Collado, consejero de la Judicatura Federal, se realicen los días 20 y 21 de noviembre.

Piden senadores a la PGR informe sobre asesinato de José Antonio Elena Rodríguez

La Comisión de Justicia avaló un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que atraiga la investigación sobre el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Una vez sustentado el expediente por el delito de homicidio, se expone en el dictamen, es necesario iniciar la petición de detención provisional --con fines de extradición-- de quien resulte presunto responsable para el ejercicio e impartición de la justicia mexicana.

Ello, de acuerdo a lo establecido en los convenios e instrumentos internacionales en materia de extradición entre México y la nación norteamericana.

En el resolutivo, se da cuenta que el crimen, ocurrido el pasado 10 de octubre en la frontera de Nogales, Sonora, “desató la indignación de pueblo mexicano”,  no sólo por la pérdida de la vida del menor,  sino también por el incremento de la violencia y abuso de autoridad de los funcionarios de la patrulla fronteriza estadounidense.

“Resulta grave que a pesar de la enérgica condena del Senado de la República y el formal reclamo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en éste y otros casos, no se haya encontrado la sensibilidad debida por parte de las autoridades de Estados Unidos” y esto limita seriamente el dialogo binacional en la administración de la frontera norte, se agrega.
 
Los senadores consideraron que la cooperación bilateral regional en materia de extradición se concreta en dieciséis tratados que México ha signado con gran parte de América Latina, Canadá, y específicamente, con Estados Unidos. 

Solicitan informe sobre proceso contra indígenas acusadas de secuestro en 2006

La Comisión, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth, aprobó un exhorto para que la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, informe el estado que guarda el proceso penal en contra de las indígenas otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González acusadas de secuestro en 2006.

Según el punto de acuerdo, la funcionaria debe dar cuenta de las  solicitudes de reparación del daño y sus resoluciones.

“Cabe mencionar que el juez que las condenó aceptó como prueba una fotografía publicada por un diario local donde aparece una de las indígenas y el 19 de diciembre de 2008 se les dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa”, se añade en el documento.

Se subraya que en 2009 fueron liberadas y desde ese mismo año organismos nacionales e internacionales de derechos humanos “han exigido al gobierno mexicano una compensación para las indígenas otomíes, que pasaron tres años en prisión bajo cargos de secuestro”.
 
Sin embargo, “al día de hoy ni Jacinta, ni Alberta, ni Teresa, han recibido respuesta alguna de la PGR aún y cuando se admitió que no pudieron comprobar ninguna acusación contra ellas”.

Demandan reporte sobre casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú

En otro punto, se validó una propuesta para que el secretario de Gobernación remita un reporte detallado de las acusaciones realizadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento total a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México.

Lo anterior, con especial atención en las acciones que hacen falta por cumplimentar, así como las causas por las que se han detenido.

En el punto de acuerdo se explica que el 1 de octubre de este año se cumplieron dos años que la Corte publicó las sentencias Inés Fernández Ortega y Otros y Valentina Rosendo Cantú y Otra contra México, las cuales contienen 17 y 16 medidas de reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

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