Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-361

  • Se trata de “un mecanismo fallido” para la protección de los mexicanos: Verónica Delgadillo.

 

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

 

El documento, aprobado con 96 votos y enviado a la Cámara de Diputados, atiende las iniciativas que presentaron diversos senadores de la República, así como el debate que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la necesidad de dejar sin efectos dicha norma porque “algunos de sus preceptos son inconstitucionales”.

 

Desde su escaño, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, reconoció el esfuerzo de activistas y organizaciones sociales como “Seguridad sin guerra” para “echar abajo” este ordenamiento.

 

Agregó que durante mucho tiempo se señalaron los errores de “un mecanismo fallido” para la protección de los mexicanos.

 

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria consideró que la abrogación de la Ley de Seguridad Interior “es una señal muy importante para la búsqueda de un modelo de seguridad ciudadana”.

 

En el dictamen, los senadores destacaron la importancia de contar con policías fuertes, eficaces y coordinadas, y de no prolongar más la vigencia de un marco legal que formó parte de una estrategia de seguridad que falló durante los últimos años.

 

También subrayaron la necesidad de que México cuente con un marco jurídico que permita fortalecer a las instituciones de seguridad, así como la coordinación entre los órdenes de gobierno para responder a las demandas de la sociedad en esta materia.

 

Así, los legisladores señalaron que en la Ley “existen diversas porciones normativas que pudieran ser inconstitucionales, por lo que al ser estás extraídas del ordenamiento, éste perdería coherencia y solidez en su conjunto”.

 

Así, sentenciaron, “estaríamos, por tanto, ante un ordenamiento legal desarticulado, que no nos proporcionaría la certeza jurídica que es consustancial a todo ordenamiento jurídico y, eventualmente, carecería de eficacia”.

 

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