Número-335
- En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, dijo.
- Hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades, 30 por ciento más que en la administración pasada.
La prioridad del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, así lo refleja el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia, señaló Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de dicha secretaría.
La funcionaria compareció ante integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Clemente Castañeda Hoeflich, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno. Ahí, dijo que la secretaría que dirige se encuentra comprometida con su labor y ha demostrado con hechos ser uno de los factores importantes para erradicar la corrupción de la vida pública.
Detalló que la Cuarta Transformación se ha propuesto castigar la corrupción, eliminar el derroche, terminar con la ineficacia, ciudadanizar la fiscalización de los fondos públicos, proteger la denuncia, garantizar la transparencia y generar los ahorros necesarios para satisfacer los objetivos del desarrollo nacional.
Para cumplir con esta nueva visión, informó, la secretaría se ha reinventado desde su estructura orgánica. Esto, con el objetivo de desempeñar de mejor manera su responsabilidad de vigilar, y en su caso sancionar, a los servidores públicos federales que incumplan en su encargo, auditar el gasto público, promover el combate a la corrupción y fomentar la transparencia, agrego.
Sandoval Ballesteros reveló que recibió una secretaría que no funcionaba. “La primera misión fue reanimar, relanzar, revivir y fortalecer la Función Pública para que utilizara todas sus facultades”, apuntó.
Informó que los primeros cambios que realizaron fueron para mejorar la vigilancia y el control interno en todas las dependencias de la administración pública federal, pues antes dependían de ellos mismos para llevar a cabo estas labores, lo cual generaba conflicto de intereses entre auditados y auditores.
Además, se dieron a la tarea de dejar atrás la simulación, y fortalecer la investigación y la sanción de las faltas administrativas de los servidores públicos. En lo que va de la administración se han realizado cuatro veces más investigaciones que lo que se hizo en el último año de la pasada, especificó.
Detalló que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades de servidores públicos, de éstas, han concluido alrededor de 5 mil 480, un 30 por ciento más que en el gobierno anterior, por lo que consideró que no hay ningún pacto de impunidad. “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, sentenció.
Irma Eréndira Sandoval reveló que debido a la transformación de la visión de la auditoría, de la fiscalización y de la examinación, han resuelto que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación, de 46 mil 121 millones de pesos, lo que representa 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año.
Además, agregó, tienen observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de éstos, vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.
En materia de combate a la impunidad, informó que han impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.
La funcionaria detalló que implementaron cinco ejes para mejorar su labor, éstos se centran en la austeridad republicana, la ciudadanización del combate a la corrupción, la profesionalización, la democratización de las tecnologías y las herramientas de control cívicos, y de forma trascendental, la ciudadanización y la protección de la denuncia ciudadana.
