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El senador Armando Ríos Piter propuso, a nombre del grupo parlamentario del PRD, crear la Ley General de Propaganda Gubernamental, a fin de evitar la promoción personalizada de servidores públicos, impulsar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política, así como garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Dicho ordenamiento --explicó-- permitirá regular la programación, ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales destinados al gasto en difusión de todos los entes públicos federales y reglamentar el uso de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión.
Expuso que se trata de instrumentar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad, gobierno y partidos políticos que contenga normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier candidato a cargo de elección popular e impedir que se promuevan ambiciones personales de índole política.
Para ello, se plantea crear el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y órganos autónomos federales, que tendrá como objetivo establecer las propuestas y justificaciones de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña.
Además, ese organismo podrá restringir la difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión en caso de que se violen los principios establecidos en la ley.
También, se pretende que el gasto anual en publicidad no exceda el 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, además de que los tiempos oficiales se distribuyan en 35 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal, 15 por ciento para el Legislativo, 10 por ciento para el Judicial, 10 por ciento para los entes autónomos federales y 30 por ciento para las entidades federativas.
De igual manera, se obliga a los entes públicos a garantizar la equidad en los contratos de elaboración y difusión de propaganda, establecer la salvaguarda y fomento del ejercicio de las libertades de expresión y opinión y eliminar cualquier acción que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social fundado en motivos políticos, personales o ideológicos.
En este sentido, la iniciativa instituye reglas de transparencia en las que se ordena que toda la información relacionada con la propaganda gubernamental deberá ser de carácter público y no podrá clasificarse como reservada o confidencial.
Además, la Secretaría de Gobernación estará obligada a administrar un sistema informativo de propaganda gubernamental, que sea de consulta directa del público en general.
También, se sugiere la constitución de un Consejo Ciudadano para la Propaganda Gubernamental que supervise y evalúe los procesos de contratación o distribución de tiempos oficiales, a efecto de garantizar la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información e imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.
Asimismo, que se instituya un Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación, que contenga un registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda gubernamental.
Por ultimo, el legislador propuso sancionar con suspensión del cargo, de tres meses a dos años, o en caso grave, con la destitución e inhabilitación para ejercer el empleo, cuando el servidor público utilice la propaganda gubernamental para la promoción de su persona con fines electorales o políticos.
Ríos Piter expresó que ante el determinante papel que juegan los medios en las preferencias políticas de los ciudadanos y frente al abuso que el poder ha hecho de la difusión gubernamental como mecanismo de promoción personalizada, es necesario instaurar un marco legal que evite el desvío de recursos públicos y preserve la equidad en la contienda política.
Refirió que según la Secretaría de Gobernación de 2006 a mayo de 2010, las dependencias y entidades del gobierno federal difundieron publicidad gubernamental por un monto que ascendió a 17 mil millones de pesos.
Aunado a ello --comentó-- existe presión de los antes públicos hacia medios de comunicación, con la finalidad de obtener líneas editoriales favorables mediante la contratación de espacios o tiempos para la difusión de propaganda.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos.
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