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La Cámara de Senadores solicitó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, que establezca de manera inmediata mesas de diálogo con la Asociación Nacional de Guarderías, a fin de analizar su problemática y los contratos sobre la prestación de este servicio en México.
En el punto de acuerdo aprobado se menciona que pese a que el servicio que prestan es muy importante, se corre el riesgo de que aproximadamente 200 guarderías dejen de funcionar por la falta de certidumbre jurídica y recursos financieros.
Se resalta que en la renovación contractual entre el IMSS y las guarderías nuevamente se están cambiando los requerimientos y criterios y esto exige nuevas inversiones que difícilmente se pueden cubrir por carencia de recursos.
“Desafortunadamente --se enfatiza--, la autoridad no ha querido asumir el costo de estos requerimientos constantes, por lo que se pide incrementar las cuotas de servicio para lograr la viabilidad financiera del servicio”.
Sobre el tema, la senadora priista Diva Hadamira Gastelum Bajo calificó de “increíble” que luego de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, donde un incendió provocó la muerte de 49 niños, todavía se padezcan este tipo de problemas.
A partir del 2009, afirmó, “empezó una cacería en contra de estos servicios” y ya cerraron más de 100 centros de desarrollo infantil, porque el sistema no tiene certeza jurídica.
Por Acción Nacional, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez resaltó que “estos lugares deben darnos a las madres trabajadoras la seguridad de que nuestros hijos están bien cuidados y seguros”.
Y en ese sentido --dijo-- los requerimientos que se solicitan a los prestadores de servicios nunca han sido adicionales a los que deben cumplir de acuerdo a la normatividad en materia de seguridad y protección civil y sólo se actualizaron en función de la Ley General de Guarderías que dictó el Congreso el año pasado.
En tanto, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, dijo que el IMSS “ha guardado silencio frente a madres, padres y prestadores de servicios en guarderías subrogadas que temen una disminución progresiva en la calidad del cuidado de sus hijos e hijas de entre 45 días de nacidos y 4 años de edad”.
Se pronunció a favor del punto de acuerdo, pero consideró indispensable que se respete plenamente la normatividad vigente para que los niños y niñas puedan seguir ejerciendo este derecho.
A nombre del PVEM, la senadora María Elena Barrera Tapia destacó la necesidad de establecer medidas para evitar desgracias y asegurar la tranquilidad de los padres de familia y la vida de los infantes.
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