NÚMERO - 1819
- Establece un nuevo marco constitucional para garantizar el derecho a la educación, desde la etapa inicial hasta el nivel superior.
Con 95 votos en favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.
Las modificaciones establecen en el marco constitucional una nueva reforma educativa cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación e instituir la rectoría del Estado para que la enseñanza se realice de manera efectiva, a fin de alcanzar el bienestar justo, democrático e igualitario de la sociedad.
Se realizó una reingeniería al artículo 3º para adaptarlo a la transformación social que vive el país. Así, prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la impartición de la educación.
Incorpora la obligación de garantizar la impartición de la educación inicial y también la de nivel superior. El carácter de la enseñanza que imparte el Estado, se señala, será universal, pública, gratuita, obligatoria, integral, pluricultural, laica e inclusiva. Además, promueve la honestidad como principio rector de la vida social.
Destaca la labor del magisterio y su derecho a la formación, capacitación y actualización. Establece, asimismo, el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y atiende a las instituciones públicas de formación docente, especialmente, a las escuelas normales.
La reforma retoma el rol de niñas, niños, jóvenes y maestros como premisas fundamentales del Sistema Educativo Nacional. Reconoce como actores principales del proceso formativo a las maestras y maestros, cuyo esfuerzo y compromiso en los quehaceres escolares son fuente de la calidad de la enseñanza.
Desaparece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En su lugar, crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios y no sectorizado. Sus integrantes serán designados por el Senado.
Las funciones de dicho Sistema se enfocarán en realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales; a determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación y establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos, entre otras.
Añade el derecho de los docentes a tener acceso a la capacitación, formación y actualización, con la finalidad de lograr la mejora continua de la educación. Se dejan de lado las evaluaciones estandarizadas, que se aplicaban de igual forma a personal que desempeña su tarea en contextos muy distintos.
En este sentido, se precisa que la ley del Sistema para la Carrera de las y los Maestros deberá tener lineamientos alejados de un esquema punitivo y que la admisión, promoción y reconocimiento se relacionan con el potencial de sus capacidades aptitudes y experiencia.
El dictamen aclara que la Federación tendrá la rectoría para la emisión de los lineamientos que se dicten para el funcionamiento del Sistema para Carrera de las y los Maestros. Los responsables de su implementación serán las entidades federativas en un esquema de Federalismo educativo.
Incluye un nuevo esquema de admisión, promoción y reconocimiento con lineamientos integrales. Se trata de asegurar al magisterio que su permanencia en la función no estará sujeta más que a las disposiciones que regulen su relación laboral y no a procedimientos que pretendan valorar sus capacidades o conocimientos que ya quedaron previamente demostrados al haber accedido a la carrera de la profesión que desempeñan, se agrega.
Otro de los puntos de la reforma constitucional es instituir la obligación del Estado de fortalecer las escuelas normales e incrementar su matrícula, así como actualizar sus programas y métodos de enseñanza para mejorar el perfil de los egresados que se incorporen al servicio educativo, y tengan así, un mejor desempeño en la práctica docente.
Respecto de la obligatoriedad de la educación superior, las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Además, proporcionarán medios de acceso a este nivel de enseñanza para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
Ante ello, se incluyó en las consideraciones del dictamen una “recomendación” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, atendiendo las condiciones presupuestarias de las entidades federativas, se proceda a conformar un fondo financiero que ayude a solventar el déficit del gasto educativo que ahora reportan, y se permita poner en operación la nueva reforma educativa en los estados.
En el articulado transitorio se especifica que a partir de la entrada en vigor de este decreto, se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y todas las disposiciones contenidas en los ordenamientos secundarios. Del mismo modo, quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a esta reforma.
Se menciona que hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública.
El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020, y realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este Decreto.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, su presidente, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que esta reforma no sería posible si no se hubieran construido concesos amplios, con el afán de construir una mejor propuesta educativa que reivindique a los maestros, niños y jóvenes de México. Se concluye un capítulo que ha dejado confrontación, subrayó.
El senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que la nueva reforma educativa cierra la pinza en el manejo de nominas y plazas. No deja ninguna cobertura para negociaciones que conduzcan a corrupción y manejos indebidos de nóminas y plazas en el servicio educativo.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó que la minuta tiene como propósito revindicar las directrices constitucionales en materia educativa, velando, en primer lugar, por el interés superior de la infancia y de los educandos, pero también por los derechos de las personas e instituciones dedicadas a la labor de enseñanza en cualquiera de sus niveles.
De Morena, la senadora Antares Vázquez Alatorre dijo que la reforma educativa reivindica la causa de maestros, de niños, niñas y jóvenes; y las luchas de los excluidos: de los indígenas, de los discapacitados y la primera infancia. Es una reforma de gran calado que podrá prosperar, precisó.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PAN en contra, la senadora Minerva Hernández Ramos señaló se debe tener como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y la juventud. Avalar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Situaciones que, dijo, no se están garantizando, por lo que hacemos un llamado a la prudencia para analizar estos temas y realizar cambios a través de reservas.
Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que no quieren que esta Reforma los califique en el tiempo como una legislatura demagógica. ”No pretendo enardecer un debate, que desde mi óptica, debe tener otra estatura y no sólo el de la reconciliación de intereses”. Somos corresponsables del destino de México, dijo.
Joel Padilla Peña, senador del Grupo Parlamentario del PT, expresó: “Estamos expresando el problema del rezago educativo de raíz”, pues con esta reforma “dejamos atrás el modelo neoliberal y mercantil de la educación”.
La senadora Verónica Delgadillo García dijo que Movimiento Ciudadano apoya el proyecto porque respeta la autonomía universitaria y reconoce el derecho a la educación superior. Sin embargo, acotó, “nos preocupa que no haya un plan claro” para garantizar la enseñanza a más de cuatro millones de niñas y niños que no asisten a la escuela.
Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, resaltó que la reforma reconoce a las lenguas indígenas como asignatura fundamental y fomenta el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Agregó que es el momento idóneo para reivindicar al movimiento magisterial para que participe en las mesas de diálogo, de negociación y en la toma de decisiones.
Del PRD, Omar Obed Maceda Luna, celebró que la reforma abre la puerta para la creación de 100 universidades en el país. El mejor indicador, agregó, será el aumento en las matrículas en escuelas públicas.
Al fijar la postura del PES, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano dijo que se refuerza e impulsa una educación integral y cada vez más inclusiva. Se debe construir el presente y el futuro para las próximas generaciones, renovar el tejido social, reafirmar la democracia y cimentar personas autónomas, concluyó.
Posteriormente se dio paso a la presentación de reservas a diversos artículos del proyecto de decreto, propuestas por senadoras y senadores del PRI, PAN, PRD, MC y PVEM.
Se anexa documento con los puntos relevantes de la reforma educativa.
