NÚMERO · 1376
- Indispensables, controles estrictos del gasto público: senadoras y senadores.
El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la minuta que reforma y adiciona la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127; el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El dictamen aprobado con 75 votos en favor y 37 abstenciones, actualiza términos y criterios relacionados con remuneraciones de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
Establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de, al menos, tres universidades nacionales.
Como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016, armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo. También, la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.
Prevé que cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, o ante el órgano de control interno a efecto que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, señaló que el dictamen busca depurar la legislación vigente, a fin de corregir ciertas deficiencias y anacronismos. “Es una muestra de voluntad política para el mejoramiento normativo del país”.
Aseguró que la minuta armoniza las potestades de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la vigilancia y fiscalización que realizará sobre las erogaciones reguladas en la ley. Hará lo propio con la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos y el uso ilícito por particulares en ejercicios de funciones públicas.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Fernando Castañón Ramírez dijo que las instituciones deben hacer un esfuerzo por “apretarse el cinturón” y acabar con el gasto superfluo y los privilegios. “La propuesta no corrige el fondo de la autonomía financiera de otros poderes”.
Minerva Hernández Ramos, senadora del PAN, aseguró que su partido está de acuerdo en corregir los vicios de inconstitucionalidad que tiene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero señaló necesario respetar la tarea de control constitucional que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese rubro.
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, aclaró sobre el voto razonado de su Grupo Parlamentario, bajo el argumento que legislar en la circunstancia en que fue aprobado el dictamen por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, atenta contra la división de poderes.
Freyda Marybel Villegas, de Morena, dijo que en los últimos años han prevalecido los abusos y privilegios de los funcionarios, por lo que es necesario revisar cómo viven los servidores públicos, “para ver si corresponde con la realidad del país”. Es necesario que se regulen los salarios y se establezcan criterios justos para determinarlos. Dijo que la suspensión sobre este tema otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diciembre pasado, no es legislativa.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, refirió que ya se había tardado la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos en el país. Dijo que la acción de inconstitucional tiene fundamento actualmente, pero este dictamen resuelve las deficiencias de la ley. “Era una ley desfasada; no era aplicable”, señaló. Refirió que si no se aprueban las reservas hechas por su Grupo Parlamentario, se dejará subsistente la acción de inconstitucionalidad.
En nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán aseguró que las reformas marcarán la pauta de un nuevo enfoque en la administración para que sea más eficiente y use de mejor manera los recursos públicos.
Pobreza, marginación y desigualdad; continuó, son los principales problemas estructurales del país que impiden su desarrollo. Por ello, consideramos que el Gobierno debe ser el ejemplo, romper con esta inercia y con los círculos viciosos para que sea la administración pública el principal eje donde inicien estos cambios, afirmó.
Las reservas a diversos artículos del dictamen, expuestas en Tribuna por los senadores Roberto Juan Moya Clemente, Julen Rementería del Puerto, Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN; Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD; Nuvia Mayorga Delgado, Claudia Edith Anaya Mota, Vanessa Rubio Márquez, del PRI; Juan Quiñonez Ruiz, y Noé Castañón Ramírez, de MC, no fueron aprobadas a discusión por la Asamblea.
Los artículos reservados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y Segundo Transitorio, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127; así como los artículos 52, 54 y 80 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 217 Ter y 217 Quater, del Código Penal Federal, quedaron en los términos del dictamen.
El dictamen, fue enviado al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
