Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1249

  • Se propone que el pago de derechos de extracción minera se distribuya mediante la Ley de Coordinación Fiscal.
     

La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, propuso que los recursos económicos derivados de los derechos que se cobran a las empresas mineras del país sean distribuidos a estados y municipios donde se realiza esta actividad minera, a través de la Ley de Coordinación Fiscal.

Planteó adicionar el artículo 4o-C de dicho ordenamiento para que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conforme con los recursos establecidos en el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.

La distribución sería como sigue: 40 por ciento a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con explotación y obtención de sustancias minerales;  20 por ciento entre municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no comprendidos en la fracción anterior.

El 40 por ciento restante, a la entidad federativa donde tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales.

Al sustentar la iniciativa, Hernández Ramos aseguró que se fortalece el federalismo fiscal, las autonomías financieras locales y se logra mayor certeza jurídica para estados y municipios del país.

La legisladora destacó que al hacer una revisión de la fórmula de distribución establecida para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se observó que a los municipios no se les distribuye ni siquiera 50 por ciento de los recursos asignados, “lejos del 62.5 por ciento que legalmente les corresponde”, advirtió.

Esta situación se agrava, ya que a partir de 2019 se estableció que dicho Fondo no sea controlado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sino por la Secretaría de Economía, misma que el pasado 11 de febrero anunció que los recursos serían ejercidos de manera directa a fin de destinarse a proyectos productivos en los municipios con vocación y actividad minera.

Esta determinación del gobierno, dijo, contraviene los conceptos del federalismo fiscal de autonomía financiera local, y el espíritu de resarcimiento a los estados y municipios donde se lleva a cabo la explotación minera.

La iniciativa que reforma los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y se adiciona el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal, fue turnada a la Cámara de Diputados.

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