Número-900
- Los indiciados serán castigados conforme a la ley por delitos graves, propone.
El Grupo Parlamentario del PT propuso eliminar el fuero constitucional a los malos servidores públicos y de esa manera atender la demanda ciudadana de acabar con la corrupción, la impunidad y contra quienes se consideran intocables, mismos que serán castigados conforme a la ley por delitos graves.
El senador Joel Padilla Peña, en nombre propio y del senador Alejandro González Yáñez, coordinador de ese grupo legislativo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 111 de la Constitución Política con ese propósito.
Argumentó que durante el proceso electoral federal de este año, una de las mayores demandas ciudadanas fue la eliminación del fuero. Casos de funcionarios y políticos acusados de corrupción y que están libres, sin ser procesados, generaron entre la población la idea de que fuero es sinónimo de impunidad.
Expuso que esta reacción social es comprensible, ya que la gente está cansada de políticos y funcionarios que abusan de sus cargos, además de estar harta de los abusos de autoridad, de los escándalos de corrupción y de la impunidad que se vive en todo el país.
“La ciudadanía no tolera más que servidores públicos cometan hechos calificados por la ley como delitos y que, bajo el manto protector del fuero, continúen caminando por las calles de manera libre e impune”, manifestó.
Respecto de la inmunidad procesal actual que protege al Presidente de la República durante su encargo, dijo que “con la iniciativa que planteamos se propone que el Titular del Ejecutivo Federal puede ser denunciado penalmente, pero no privado de su libertad durante el tiempo en que ejerce su cargo, salvo que exista sentencia condenatoria en su contra”.
En las reformas al artículo 111 Constitucional, agregó, también se incluye a las y los ministros de la Suprema Corte, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la o el Fiscal General de la República, así como las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Comentó que con la iniciativa se establecen reglas procesales para proteger a los servidores públicos que gozan de inmunidad procesal de acusaciones infundadas y temerarias y evitar, así, una inestabilidad en el ejercicio de sus funciones y desequilibrio en la división de poderes.
“Con esta iniciativa se pretende que todos los funcionarios públicos involucrados en actos ilícitos, desde el Presidente de la República hasta los presidentes municipales, puedan ser procesados durante el tiempo en que están en funciones sin que se les pueda privar de su libertad hasta en tanto no haya una sentencia condenatoria en su contra”, precisó.
El planteamiento fue turnado para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.
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