Número-877
- Piden evaluar medidas de protección en zonas arqueológicas.
El Senado de la República solicitó un informe sobre la procedencia de la denuncia al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur.
A dicha asociación se le señala como responsable de realizar una presunta remoción de “sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas y crear veredas para transitar, de acuerdo con reportes de daños arqueológicos del INAH.
En 2016, el Gobierno Federal encomendó a la asociación civil Ecología y Conservación de Islas, A.C., erradicar la fauna nociva en dicha isla, catalogada como área natural protegida por las autoridades mexicanas, y patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.
Además de albergar un conjunto de sitios arqueológico, en el lugar destaca la presencia de yacimientos de bienes de flora, fauna y herramientas, que le confieren un valor cultural.
El sitio arqueológico tiene una extensión de siete mil metros cuadrados, con registros de presencia humana entre los años 3000 a.C. y 1700 d.C.
Al presentar el dictamen de punto de acuerdo, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp, urgió a las autoridades correspondientes a preservar la memoria histórica y el valor cultural de las zonas arqueológicas en el país.
Al respecto, las senadoras Indira Rosales, del PAN y Verónica Delgadillo García, de MC llamaron a implementar programas que ayuden a la preservación de zonas arqueológicas y evitar en ellas daños irreversibles.
Exhorto a la Secretaría de Cultura evaluar protección de zonas arqueológicas
También, se aprobó un dictamen de punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Cultura, que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y los gobiernos estatales realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluidas las zonas arqueológicas a cargo.
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