Número-690
- Busca blindar al país de filias políticas y de ideologías con gobiernos extranjeros, contrarios a las reglas de convivencia internacional.
La senadora Gina Cruz Blackledge, del PAN, propuso reformar la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política para incorporar los acuerdos interinstitucionales en el régimen constitucional mexicano.
Se pretende actualizar la norma constitucional para blindar al país de filias políticas y de ideologías con gobiernos extranjeros, contrarios a las reglas de convivencia internacional, basadas en valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos, aseguró.
Con esta reforma, agregó, se asegura la participación activa del Poder Legislativo en la aprobación y formalización de acuerdos interinstitucionales, los cuales, deben ser procesados como tratados internacionales.
Cruz Blackledge precisó que no se permitirá que futuras administraciones comprometan el patrimonio de los mexicanos y el modelo de convivencia presente; pues se fortalece el control de la política exterior de México, al establecer que los acuerdos interinstitucionales entran en la misma categoría que los acuerdos internacionales y convenciones diplomáticas.
La iniciativa plantea que se requerirá la votación de las dos terceras partes de los presentes en el Senado de la República, cuando los tratados internacionales, las convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales se refieran a la protección y garantía de un derecho humano.
De la misma forma que sean aceptadas por la mayoría de las legislaturas de los estados, y se declare su aprobación por el Senado o la Comisión Permanente.
Se busca homologar el proceso de reforma a la Constitución, establecida en el inicio del Pacto Federal, para fortalecer el sistema de derechos humanos y su debida armonización en todas las Entidades Federativas, detalló al presentar la propuesta a nombre propio y el de su Grupo Parlamentario.
Cruz Blackledge señaló que los acuerdos interinstitucionales tienen validez en el Derecho Internacional Público y generan obligaciones a los Estados signatarios, pero no tienen sustento dentro del sistema constitucional mexicano dado que no son considerados tratados internacionales, ni convenciones diplomáticas. Tampoco son aprobados por el Senado de la República.
Mencionarlos en el catálogo de los instrumentos jurídicos internacionales es incluirlos por primera vez en la Constitución y hacerlos visibles en el sistema constitucional mexicano, precisó.
De esta manera los acuerdos interinstitucionales firmados por el Ejecutivo Federal en materia de derechos humanos tomarán la vía del Constituyente Permanente para ser considerados en la misma jerarquía de la Constitución, finalizó.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
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