Número-462
Con estas reformas no se pretende atacar ni poner en duda la dignidad de los juzgadores
La falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia han contribuido a condenar al fracaso de los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz.
Denunció la senadora Gricelda Valencia quien, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer evaluaciones de este tipo a quienes participen en los procesos de ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial.
Valencia de la Mora detalló que estas pruebas se integrarán con los siguientes exámenes: Patrimonial y de entorno social; Médico; Psicométrico y psicológico; Poligráfico; Toxicológico, y los que establezcan las normas aplicables.
La senadora de Colima dejó en claro que su iniciativa de modificación a la Ley respeta plenamente la autonomía del Poder Judicial, al otorgar al Consejo de la Judicatura Federal la facultad de evaluar al personal que administra, cuidando con ello cualquier invasión a la soberanía que, como Poder de la Unión, le es reconocida por nuestra Carta Magna.
Hay que enfatizarlo: con estas reformas no se pretende atacar ni poner en duda la dignidad de los juzgadores o de quienes toman decisiones en el seno del Poder Judicial o aspiran ingresar a éste. Al contrario, se busca garantizar que los servidores públicos que lo erigen cumplan con las exigencias del puesto, señaló.
La senadora dijo que el principal objetivo de esta Ley es que quien administre la justicia también cuente con una trayectoria y un desarrollo personal honesto y ético, acorde con la alta responsabilidad que conlleva la función que constitucionalmente le ha sido conferida.
Puntualizó que el hecho que exista confianza y autocontrol dentro del Poder que imparte la justicia en nuestro país es indispensable para el fortalecimiento, a su vez, de la confianza de la población en las instituciones.
La iniciativa se turnó a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.
