Número-068
El senador Samuel García Sepúlveda presentó una iniciativa para imponer la destitución e inhabilitación permanente del cargo a los servidores públicos que sean sancionados por actos de corrupción.
Se trata, dijo, de reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de establecer la llamada “muerte civil” a los corruptos, para que no puedan ser votados, acceder a un cargo público ni ser proveedores o contratistas del gobierno.
El legislador afirmó que los hechos de corrupción que van desde las “mordidas”, irregularidades en los permisos de uso de suelo o trámites municipales, hasta casos “escandalosos” como la Casa Blanca, Odebrecht o la “Estafa Maestra” no sólo merecen cárcel, sino la inhabilitación permanente de los servidores públicos involucrados.
A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, García Sepúlveda llamó a ampliar los mecanismos para combatir este flagelo, pues de nada sirve firmar tratados y convenciones “si nos quedamos cortos a la hora de evitar el soborno, el enriquecimiento ilícito” o el desvío de recursos a través de contratos públicos.
La iniciativa precisa que la “muerte civil” garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por este tipo de hechos no vuelva a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la Administración Pública.
El proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sugiere que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.
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