Número-030
- No podrán realizar trámites para amistades, familiares u otras personas cercanas.
En busca garantizar que no habrá posibilidad de transgredir el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa de reforma para obligar a todos los servidores públicos, incluso sin cargo de jefatura, a presentar la declaración “3 de 3”.
El senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, al presentar la iniciativa precisó que la Ley 3 de 3 debe elevarse a rango legal para que sea obligatoria y pública, a fin de que cualquier ciudadano pueda conocer e incluso cuestionar los contenidos de las declaraciones, y así “acabar de tajo con la corrupción y el enriquecimiento ilícito de muchos de los integrantes de la clase política de nuestra nación”.
La propuesta destaca que incurrirá en utilización indebida de información privilegiada, el servidor público que adquiera para sí u otras personas con relación directa, bienes que pudieren incrementar su valor o represente ventaja o beneficio privado.
Para evitar conflictos de interés o impedimento legal en la realización de trámites, el funcionario deberá informar a su jefe inmediato cuando el solicitante sea un familiar, amigo o allegado, a fin de que sea excusado de participar en la atención.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle, a más tardar 24 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir, y establecer instrucciones por escrito para la tramitación o resolución imparcial y objetiva.
La iniciativa refiere que “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones, advierta actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas y oculte deliberadamente alguna conducta” ilícita.
Cometerá desacato, dolo o falsedad, quien proporcione información falsa, no dé respuesta o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información a autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos, entre otros.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
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