Número-842
- CNDH pide revisar plazos de alerta en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Urgen especialistas tomar medidas para frenar el crecimiento de homicidios de mujeres.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, anunció una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, a fin de establecer diversas herramientas que permitan perfeccionar el tipo penal del feminicidio, imponer agravantes a este delito, y erradicar la impunidad.
Durante el Foro “El feminicidio en México: retos y perspectivas desde la sociedad civil”, la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez y representantes de la organizaciones no gubernamentales, coincidieron en la urgencia de tomar medidas que permitan frenar el aumento de los asesinatos de mujeres en 72.49 por ciento.
Lucero Saldaña precisó que los objetivos de la iniciativa son establecer con claridad que, una sola manifestación de lesión o mutilación infamante o degradante, es suficiente para considerarse como feminicidio.
Propone la modificación del artículo 327 para establecer conductas agravantes que incrementarán la penalización, como el asesinato cometido por dos o más personas; contra una mujer embarazada, menor de edad, adulta mayor, discapacitada; se perpetre en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco, o se realice en vía pública, vehículo particular o de transporte público.
Plantea determinar al feminicidio como un delito imprescriptible; es decir, se pueda ejercer la acción penal en cualquier momento contra quienes resulten responsables, con lo cual será posible eliminar todo indicio de impunidad.
Establece prever una reparación integral en los términos de la Ley General de Víctimas, estrictamente en los términos previstos por la ley en la materia.
El presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, reconoció que pese a los avances en materia legislativa y de programas de gobierno, los feminicidios van a la alza, por la diversidad de su tipificación a nivel estatal y municipal, la existencia de un sub registro de los asesinatos por género en los homicidios dolosos contra mujeres, que aumentaron de 1 mil 755 a 2 mil 585, entre los años 2015 y 2017.
Acorde a los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se calificaron como feminicidios 389 casos , y en el año 2017 sumaron 671, “lo cual implicaría un aumento de 72.49 por ciento, en tan sólo dos años”, acotó.
El ombudsman se pronunció por la necesidad de revisar la Ley General de Acceso para las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para precisar los plazos de la Alerta de Violencia de Género, y en su reglamento se especifique que los Poderes Judicial, Legislativo y gobiernos estatales y municipales, sean notificados y actores en las acciones de prevención, investigación y sanción de este delito.
Prever que el territorio en el que se solicita originalmente la alerta, pueda extenderse a otros municipios y estados, así como fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados, “para que los gobiernos acepten la Alerta como una tarea de responsabilidad colectiva, y no como un castigo o cacería de brujas contra gobiernos locales”.
También participaron en el foro. Isabel López Padilla, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); María Teresa Ambrosio Morales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Alejandra Padilla Padilla, de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, quienes refrendaron la urgencia de combatir la impunidad, lo cual implica la sensibilización y capacitación de las autoridades policíacas y de procuración de justicia.
Destacaron que el 98 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes; se asesinan siete mujeres al día y el 66.1 por ciento, -aproximadamente 30 millones- han enfrentado violencia alguna vez en su vida, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo, señalan que las mujeres víctimas de un agresor distinto a su pareja, 88.4 por ciento no solicita apoyo a institución alguna; y de las agredidas por su cónyuge o concubino, 78.6 por ciento tampoco denuncia ni pide ayuda.
Se presentan unas 150 mil denuncias al año y de ellas, el 11 por ciento se convierten en averiguaciones previas y sólo el 2,4 por ciento de estas reciben sentencias condenatorias.
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