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El Senado recibió la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar el gasto en todos los órdenes de gobierno y cerrarle espacios a la corrupción y al desvío de recursos públicos.
La propuesta establece reglas para armonizar la información financiera relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como para la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y de un sistema de evaluación del mismo.
Para ello, sugiere que la Secretaría de Hacienda y las dependencias equivalentes en los gobiernos locales faciliten el acceso a la información financiera de todos sus entes públicos, a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet.
Además, precisa los datos que las entidades deberán hacer públicos, relativos a los recursos federales que reciban y los que por su conducto sean ministrados a municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y demás beneficiarios.
La reforma también plantea que se otorgue acceso a los sistemas de la Auditoría Superior de la Federación e instancias de fiscalización, control y evaluación de las entidades, a fin de comprobar el cumplimiento en la entrega de la información relacionada con la aplicación de los recursos federales y sus resultados.
Señala rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos como fuente de ingresos, obligaciones de deuda, principales programas, remuneraciones de servidores públicos, pago por pensiones, gastos de inversión, así como proyectos de asociaciones públicos privadas y de prestación de servicios.
También prevé una pena de dos a cinco años de prisión, y multa de cien mil a doscientos cincuenta mil días de salario mínimo en el Distrito Federal, a quien de forma dolosa omita dichas obligaciones.
Con estas y otras disposiciones, se enfatiza en la iniciativa, la información financiera de los tres niveles de gobierno se presentará de manera clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad general.
Así, los ciudadanos podrán contar con datos para demandar más y mejores resultados e involucrarse con mayor profundidad con sus gobiernos.
En opinión del presidente Felipe Calderón una forma de asegurar que los recursos públicos no sean distraídos para otros fines, es la de establecer los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría.
En los últimos años, agregó en la exposición de motivos de la iniciativa, se han aprobado diversas reformas a la Constitución y ordenamientos que han contribuido a construir el andamiaje legal que hoy permite que haya mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos.
“Sin embargo --dijo--, es necesario fortalecer aún más nuestro marco normativo, toda vez que en varios entes públicos persiste la opacidad en el manejo de los recursos”.
Por ello, es indispensable que el ejercicio del gasto sea transparente, que los ciudadanos sepamos cuánto se ha gastado, qué es lo que se ha comprado y qué beneficio se generará con esas erogaciones.
Al respecto, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, informó a la asamblea que la iniciativa fue presentada el pasado 1 de septiembre por el Ejecutivo federal con carácter de preferente, por lo que tiene un plazo establecido para su resolución.
En ese sentido, añadió, la presidencia notificará a la Junta de Coordinación Política que es necesario un acuerdo que proponga el trámite y procedimiento para el análisis del asunto, tal y como lo establece el Reglamento del Senado, y en su momento se someta a la discusión y votación de la asamblea.
En tanto, dijo Cordero Arroyo, el asunto quedará en poder de la Mesa Directiva.
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