Los senadores priistas Manlio Fabio Beltrones y Raúl Mejía González presentaron una iniciativa para tipificar y establecer sanciones administrativas y penales a quienes desde el ámbito privado sobornen a funcionarios públicos con el objetivo de obtener una posición ventajosa.
“Consideramos de gran relevancia avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas por medio de un combate frontal a la corrupción que detenga el deterioro de la legitimidad democrática del Estado y atienda las exigencias de la población”, aseguró Mejía González.
Para ello –dijo al exponer en tribuna los motivos de la propuesta-- es menester sancionar “con todo el peso de la ley” a quienes en forma activa o pasiva permiten o fomenten prácticas de corrupción entre el sector público y privado.
En este sentido, propuso inhabilitar hasta por 20 años a aquellos contratistas que hayan incurrido en actos de corrupción.
Cuando se inhabilite a un servidor público, la sanción aplicable se elevará de 8 meses hasta 15 años si el monto de lo obtenido indebidamente no excede de 200 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito federal y de 16 a 25 años si excede de ese límite, añadió.
Adicionalmente, el legislador priista sugirió elevar las penas en multas o prisión en aquellos delitos cometidos en contra del servicio público, tales como uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros.
Argumentó que la corrupción es uno de los aspectos que más limitan el crecimiento económico e inhiben la generación de empleo y el desarrollo social.
En tal virtud y toda vez que la corrupción público-privada atenta contra la ética pública, es imprescindible, dijo, que el estado mexicano emprenda un combate frontal contra estas prácticas recurrentes
Para concluir, Mejía González citó un informe de Transparencia Internacional en torno al soborno, donde se establece que México ocupa el lugar 20 de naciones con mínima o nula aplicación de regulaciones internacionales en esa materia.
La iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Código Penal Federal fue turnada a las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos.
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