Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El senador Ricardo García Cervantes propuso modificar la Constitución para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, como órgano autónomo necesario para la preservación del Estado de Derecho.

La corrupción --enfatizó-- es un fenómeno social que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia y el desarrollo integral de los pueblos.

“Es una realidad persistente que no cambia ni muta a pesar de que se han hecho esfuerzos y esto no cambiará sin una transformación y diseños estructural adecuado”, consideró el legislador de Acción Nacional.

Reconoció que “no se puede combatir la corrupción y sus efectos negativos e influencias corrosivas a las instituciones del Estado, si no se concibe como un problema nacional”.

Por ello, es indispensable concebirla como un daño a la economía y a la estabilidad y solidez de las instituciones, que supera la jurisdicción de los tres niveles de gobierno.

En la iniciativa, García Cervantes argumentó que “es necesario que los servidores públicos deshonestos que se desvíen de su tarea sean sometidos a juicio y recibir castigos ejemplares”.

La democracia representativa, asentó, es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo del país; por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Precisó que “la paridad de rango constitucional” de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción es indispensable para mantener relaciones de coordinación y no de subordinación con los Poderes de la Unión.

El senador planteó que este organismo cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y que el procedimiento de nombramiento de su titular sea realizado por la Cámara de Senadores.

Además, propuso que la persecución de los delitos de corrupción sea de oficio, por tratarse de transgresiones contra la economía nacional, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, de entidades federales, municipios y de organismos constitucionales autónomos.

La iniciativa, respaldada por senadores de los diferentes grupos parlamentarios, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

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