Número-389
- Sería a causa de contingencia derivada de algún desastre natural, como los sismos de septiembre pasado.
En el país existe un sistema de atención de daños ocasionados por desastres naturales basado en la coordinación de los tres niveles de gobierno, pero es necesario trabajar en materia de prevención, refirió la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PT.
Dijo que se debe pensar en los posibles imprevistos que vulneren a las personas, por efecto de fenómenos naturales imprevistos, como los temblores que afectaron diversas entidades federativas en septiembre pasado.
Los movimientos telúricos del 7 y el 19 de septiembre ocasionaron poco más de 400 fallecimientos, 140 mil edificaciones dañadas y la pérdida de casi 50 mil inmuebles, la mayoría viviendas, detalló la senadora ante Tribuna.
Abundó en que de acuerdo al Atlas Nacional de Desastres se tienen identificadas más de 700 mil zonas de riesgo en el país, lo que significa que hay miles de familias en peligro por fenómenos meteorológicos, deslaves o temblores.
Y que cada año los desastres naturales llevan a 24 millones de personas a la pobreza, y México representa en promedio el 1.5 por ciento de esa cifra, es decir alrededor de 360 mil personas al año caen en pobreza a causa de este tipo de desastres, determinó.
Propuso la adición de los artículos 29, 30 y 31 a la Ley General de Desarrollo Social, para que cuando a causa de contingencia derivada de algún desastre natural, de manera extraordinaria el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) amita un informe para integrar temporalmente dentro de las Zonas de Atención Prioritaria a las zonas en desastre y emergencia.
La finalidad es realizar los ajustes presupuestales que permitan integrar de manera inmediata a la población dentro de los esquemas de protección social, explicó la senadora Lorena Cuéllar.
También el Ejecutivo Federal deberá revisar anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Coneval, y en caso extraordinario la declaratoria de emergencia y desastre que en su caso emita la Secretaría de Gobernación, establece la iniciativa.
Actualmente, una Zona de Atención Prioritaria se considera un área o región de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis.
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