Número-368

  • También llamó a las secretarías de Turismo y de Gobernación a garantizar la seguridad de los turistas que visitan el país.

El Senado de la República exhortó al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco, y al presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos.

El dictamen aprobado en votación económica, señala que los Pueblos Mágicos contribuyen a revalorar a un conjunto de poblaciones del país, que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas turísticas frescas para los visitantes.

También el Senado de la República exhortó a las secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y municipales, a continuar trabajando de manera permanente para garantizar la seguridad de los turistas que visitan el país.

Los senadores que dictaminaron la propuesta consideraron que el turismo es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de México, y tiene un gran potencial para generar divisas, empleos directos e indirectos, y fortalecer la infraestructura de las comunidades receptoras.

En materia de turismo, el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, así como a los órganos municipales de turismo de la entidad, a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas.

También se aprobó un dictamen de la Comisión de Justicia, por el que el Senado exhorta a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas para que establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad.

Para ello, deben tomar como base fundamental el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por el Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de los estados, para que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establezcan e implementen protocolos de actuación para los ministerios públicos y policías ministeriales, en materia de acceso a la justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

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