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La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración que realicen las acciones conducentes para que los indocumentados centroamericanos puedan obtener una visa gratuita para transitar de manera legal por nuestro territorio.
Además, les pidió que el documento se otorgue a “visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas” y por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Migración.
Asimismo, el pleno hizo un llamado para que se difundan las medidas implementadas a favor de la seguridad y salvaguarda de los migrantes, a través de los consulados y embajadas mexicanas y en colaboración con gobiernos de naciones hermanas.
En el dictamen sometido a discusión, se conmina a la Segob y al INM a que concreten los principios de la nueva Ley de Migración, a fin de facilitar la movilidad internacional con respeto irrestricto a los derechos humanos y bajo responsabilidad compartida para salvaguardar la seguridad y evitar la corrupción y extorsión de la cual son objeto los migrantes centroamericanos.
Al presentar la propuesta, el diputado priista José Ramón Martel López enfatizó que los flujos migratorios no son responsabilidad exclusiva de los países de origen, sino también de los de destino y tránsito como México, donde según cifras oficiales se estima que más de 400 mil personas se desplazan hacia Estados Unidos.
Dijo que en nuestro país cientos de indocumentados ponen en riesgo su vida al viajar en La bestia ante la complacencia de las autoridades y ello se ha convertido en una especie de “negligencia limítrofe, pues es un secreto a voces que para que los migrantes puedan alcanzar el sueño americano primero tienen que pasar por el infierno mexicano”.
“Más allá de las historias de horror que se gestan en las vías del tren, como resultado de terribles accidentes, existen otras aún más crueles derivadas de la extorsión, la corrupción, el tráfico de personas, el secuestro y el abuso sexual”, puntualizó.
Los flujos migratorios, expuso el legislador, no sólo son una responsabilidad exclusiva de los países de origen, sino también de los de destino y tránsito como México, donde según fuentes oficiales, 400 mil indocumentados se desplazan hacia Estados Unidos.
En su intervención, la senadora Adriana González Carrillo, de Acción Nacional, indicó que pese a todas las medidas implementas “siguen existiendo abusos contra los migrantes irregulares”, pues el tema es de “baja prioridad” para muchas autoridades locales, estatales y federales.
Dijo que a primera vista los ataques parecen “obra exclusiva de bandas delictivas”, sin embargo "existen indicios de que hay funcionarios implicados de todos los niveles de gobierno.
González Carrillo también pidió respaldar las recomendaciones de Amnistía Internacional para que se brinde protección efectiva al personal, voluntarios y migrantes de los comedores de San José y Lechería, en el Estado de México.
Para el senador Fernando Velázquez López, del PRD, el Congreso de la Unión abordó el problema migratorio de manera integral y no sólo no es un asunto económico, militar o de seguridad nacional.
Sin embargo, señaló, el reglamento a la Ley de Migración que trabaja la Secretaría de Gobernación es “regresivo” y “está echando a tierra todos los avances que diputados y senadores aprobamos el año pasado”.
Se pronunció porque los legisladores se reúnan de nueva cuenta con el titular de Gobernación para revisar su contenido, “que está reprobado por todo mundo”.
En su turno, el diputado priista Carlos Flores Rico señaló que independientemente de la publicación del reglamento es necesario que se apliquen los principios de la Ley para sustentar la política migratoria.
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