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La Comisión Permanente condenó los “actos de barbarie” en contra de los medios de comunicación del país, particularmente los perpetrados a Grupo Reforma, en Nuevo León.
De igual forma, pidió a los tres niveles de gobierno su pronta actuación.
El acuerdo avalado incluye la exigencia a la Procuraduría General de la República para que coordine sus esfuerzos y garantice acciones expeditas para no permitir que sucedan este tipo de ataques y se aplique la ley en contra de quien resulte responsable.
El órgano del Congreso solicitó al Ejecutivo federal que facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que se garantice la vida, integridad física y seguridad de quienes laboran en las instalaciones de los medios afectados.
En la sesión de este miércoles, la Mesa Directiva de la Permanente hizo suyas las proposiciones con punto de acuerdo de diversos legisladores en los que se condenan los actos perpetrados en contra del Grupo Reforma y solicitan aplicar la ley a quienes resulten responsables.
Por conducto del senador priista Francisco Arroyo Vieyra expresó que la sucesión periódica de estos “reprobables hechos” no debe ser considerada como prueba de la indefensión de la prensa en nuestro país, por lo que el Estado deber ser el garante para el desarrollo del ejercicio periodístico.
Además, agregó, e preciso garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e iniciar acciones inmediatas para frenar la escalada de violencia contra los medios y sus periodistas.
“Exigimos una pronta y eficaz investigación para presentar ante la justicia los responsables de estas incalificables agresiones y demandamos que se garantice la seguridad física de quienes ejercer la libertad de prensa, a quienes solidariamente les manifestamos nuestro respaldo”, añadió el presidente en turno de la Mesa Directiva.
En el debate, el diputado Humberto Benítez Treviño dijo que es inadmisible “que vivamos en un país secuestrado en varias entidades por la delincuencia organizada”, por lo que el grupo parlamentario del PRI reprueba los actos de barbarie en contra de Reforma y otros periódicos en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
Al respecto, cuestionó de “qué sirve que se haya publicado una ley que aprobamos para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas cuando hoy se vive una atmósfera de miedo fundado y de temor justificado”.
No basta --añadió-- con hacer leyes de avanzada si no hay el compromiso y la voluntad política de las autoridades para aplicarlas con eficacia y patriotismo.
A su vez, el senador perredista Leonel Godoy Rangel subrayó que la ley ya cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señala que debe de ser el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, quien lo encabece.
“Y hoy estamos ante un caso que ha ocurrido cuatro veces, por lo que debería de ponerse en práctica este mecanismo de protección a periodistas”, apuntó.
Recordó que el pasado 10 de julio la Segob nombró como coordinadora nacional de dicho Mecanismo a Omeheira López Reyna, a efecto de cumplir esta disposición.
En tanto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, aseguró que sin libertad de expresión ni derecho a la información “el camino es el de la barbarie y la anarquía” y los hechos vividos en Nuevo León demuestran la debilidad institucional del Estado mexicano.
En su opinión, el Estado debe ser refundado en los próximos años y reconstruido desde su raíz, de lo contrario mientras no exista igualdad social, económica y cultural “este tipo de hechos se van a presentar una y otra vez”.
Por ello --agregó-- estamos obligados a construir un nuevo tipo de Estado y democratizarlo si no queremos vivir en la barbarie en la que hoy nos encontramos.
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