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Senadores y diputados de la Comisión Permanente rechazaron la firma del Acuerdo Comercial Anti-falsificación, ACTA, por parte del gobierno federal el pasado 11 de este mes en Japón.
Argumentaron que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica y se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011.
En opinión de los legisladores el ACTA es un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional y los derechos humanos de los mexicanos.
Por ello, aprobaron este martes citar a comparecer a los titulares de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como a un representante de Relaciones Exteriores, para que informen las razones por las cuales, “sin el menor ánimo de colaboración entre poderes”, el Ejecutivo federal decidió suscribir el convenio internacional.
Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía, y José Rodrigo Roque Díaz, director general del IMPI, deberán explicar los términos en los que se firmó el ACTA y el texto del mismo.
En el mismo resolutivo se exhorta al presidente Felipe Calderón a que realice las gestiones necesarias para que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México, a efecto de que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 del ACTA, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales.
Además, se reconoce la voluntad entre las naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, pero “dichas acciones no deben dañar” los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información.
En el dictamen se menciona que a través de un comunicado de prensa del IMPI, el gobierno federal aseguró que la firma del convenio tiene la finalidad de “combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas”.
Para ello establece “un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.
Sin embargo, los integrantes de la Segunda Comisión, que encabeza el senador perredista Leonel Godoy Rangel, no encontró motivos para variar su apreciación sobre los riesgos que el ACTA genera en la vigencia de diversos derechos y libertades en nuestro país.
De esta manera, dieron su apoyo a las conclusiones del Grupo Plural de senadores que dio seguimiento a la negociación del Acuerdo Comercial.
Este grupo determinó que la implementación del ACTA podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet, derivar en una censura a los contenidos de este medio y restringir la libertad de funcionamiento y neutralidad que en el mismo debe prevalecer.
Demandan seguridad en centros escolares
En la misma reunión, se avaló un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con la colaboración de la sociedad civil, adopte las medidas urgentes para garantizar a los alumnos, docentes, padres de familia y trabajadores su seguridad en los centros escolares.
Senadores y diputados reconocieron que la violencia se ha convertido en un factor determinante para la deserción escolar e incluso “una causa importante de muertes infantiles”.
Desde hace casi 25 años, se resalta en el dictamen, “mueren asesinados regularmente dos menores de 14 años cada día”, de acuerdo con la UNICEF.
Con base en diversos estudios, dicha organización advierte que son miles los niños, niñas y adolescentes en México que crecen en un contexto de violencia cotidiana --física, sexual o psicológica-- que se traduce en discriminación y abandono.
Se menciona que según el coordinador nacional del Programa Escuela Segura, José Aguirre Vázquez, “en más de cuatro mil 700 escuelas ocurren con frecuencia robos, vandalismo, extorsiones, violencia física, acoso entre pares, discriminación y agresiones verbales”.
Además, en este ciclo escolar se han registrado alrededor de 20 balaceras en Nuevo León y Tamaulipas que afectaron las actividades de los planteles y en todos los centros educativos de la zona fronteriza “se mantienen encendidos los focos de alerta”.
En otro tema, luego de conocer su programa de trabajo, los legisladores ratificaron a Armando Arriazola Peto Rueda, propuesto como embajador de México en Bolivia.
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