Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-031

  • Se propone una nueva fiscalía especializada en materia de Derechos Humanos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, recibió una propuesta ciudadana de “Fiscalía que Sirva y Vamos por Más” que reforma el artículo 102 constitucional, referente a la designación y diseño de la Fiscalía General de la República. 

El senador señaló que existe una amplia coincidencia en el Senado de la República con la propuesta y que en breve se establecerán los mecanismos para procesar el documento.

Explicó que al entrar a los detalles, la discusión deberá darse de forma trasparente, constructiva, amplia y profunda.

Haydeé Pérez Garrido, del colectivo “Fiscalía que Sirva”, dio lectura a mensaje de las organizaciones agrupadas en los colectivos “Fiscalía que Sirva y Vamos por Más”, dijo que se privilegia la construcción de una Fiscalía General autónoma, independiente y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, para su eficaz funcionamiento, así como los controles democráticos adecuados.

Recordó que el presidente Peña Nieto envió una iniciativa para suprimir el llamado pase automático. “Coincidimos con esa iniciativa, pero es insuficiente. Proponemos un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional, mediante un procedimiento público en el que participe el Ejecutivo federal y el Senado de la República; acompañado por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.  

“El dictamen ciudadano sólo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático. Queremos una Fiscalía fuerte, pero con un mecanismo de control interno y de rendición de cuentas”, añadió. 

Ana Lorena Delgadillo, del colectivo “Fiscalía que Sirva”, hizo un resumen de la propuesta. Comentó que se tiene que mejorar el perfil del titular, porque los elementos contenidos en la Constitución son insuficientes; y para la elección se propone crear una comisión de designaciones, que será un órgano técnico y ciudadano que se encargará de hacer un examen técnico de los candidatos.

Dijo que tiene que ser un procedimiento claro, con transparencia, publicidad y participación ciudadana efectiva, para que haya una real auscultación de las cualidades de los aspirantes. También se tiene que regular cómo será la remoción, que seguirá el mismo procedimiento que la designación.

Se clarifican las reglas de competencia, mediante dos principios: que no se fraccionen las investigaciones y atender el fenómeno de macro-delincuencia, es decir, que cuando haya delitos que se presenten en varios estados, la investigación tendrá que ser atraída por la Federación.

Se propone crear el consejo del ministerio público, conformada por el Fiscal General de la República y seis miembros más fungirá como “un ojo ciudadano” encargado de evaluar el funcionamiento de la Fiscalía, y supervisar el presupuesto, las normas administrativas y el reglamento interior.

La iniciativa plantea el servicio de profesionalización del personal, para que no haya pase automático del actual Procurador General de la República, pero tampoco del personal; “tiene que haber un proceso de depuración”, explicó. 

Se mantienen las fiscalías especializadas, la electoral y anticorrupción, y se sugiere crear una de derechos humanos, para atender delitos que impliquen violaciones graves a derechos humanos, y delitos que cometan servidores públicos de la Fiscalía General de la República.

El documento está respaldado por 300 organizaciones agrupadas en los colectivos “Fiscalía que Sirva y Vamos por Más”, las cuales buscan que se conforme un órgano que garantice salir del problema de impunidad y corrupción que enfrenta el país.

El presidente estuvo acompañado por el senador Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Mesa Directiva, los vicepresidentes del Senado de la República, el senador David Monreal Ávila y Octavio Pedroza Gaitán, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la Mesa Directiva y la senadora Sonia Mendoza Díaz, integrante de la Junta de Coordinación Política.

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