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Senadores y diputados de la Comisión Permanente hicieron votos por la pronta superación de la crisis política que afecta a la República de Paraguay, tras la destitución de Fernando Lugo como presidente constitucional.
En un punto de acuerdo avalado este martes, los integrantes de ese órgano del Congreso, lamentaron que en el proceso de juicio político no se hayan respetado las garantías mínimas de Lugo Mendez.
En cambio –dijeron-, se violentó su derecho a la defensa.
Los legisladores de la Segunda Comisión que encabeza el senador perredista Leonel Godoy Rangel, celebraron la decisión del ex presidente Lugo de acatar el fallo en su contra del Senado paraguayo como primera medida para alcanzar una solución pacífica a la crisis política que enfrenta.
Al respecto, la senadora panista Adriana González Carrillo dijo que México no está para conocer o desconocer gobiernos pero sí para pugnar porque se respeten las decisiones internas y la autonomía de cada nación.
A su vez, Godoy Rangel apuntó que “estamos en un típico caso de intereses constitucionales, pero debemos acatar la tradición política consagrada en nuestra Constitución, de no intervenir en asuntos internos de las naciones y respetar la libre autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de sus conflictos”.
Ante ello, opinó que el parlamento de Paraguay debe acatar el proceso de garantía de audiencia y el derecho a la defensa, ya que ha firmado tratados sobre estos rubros con México y con otras naciones.
El senador priista Carlos Jiménez Macías manifestó su acuerdo con la posición que ha tomado México sobre el caso, ya que fue muy responsable al no calificarlo como un golpe de Estado legislativo.
Sin embargo, consideró inaudito aceptar que al presidente Fernando Lugo le hayan dado un plazo tan corto para preparar su defensa, lo que pone en evidencia que detrás de esto hay una acción política deliberada.
Avalan nombramientos de embajadores
En la misma sesión, se aprobaron los nombramientos de Juan Carlos Tirado Zavala y Armando Gonzalo Álvarez Reina, como embajadores de México en Guatemala y Costa Rica, respectivamente.
En su comparecencia, los diplomáticos expresaron su compromiso con México y se pronunciaron por el fortalecimiento del diálogo, la consolidación de las relaciones comerciales y el combate al crimen organizado.
Piden legisladores a STyPS informe sobre protección de derechos de jornaleros agrícolas
En otro dictamen aprobado, senadores y diputados exhortaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones del Subprograma de Movilidad Laboral Interna en el sector agrícola.
Adicionalmente, le requirieron un informe respecto de las acciones emprendidas y resultados en materia de protección de los derechos de jornaleros agrícolas, especialmente a los que en su actividad se desplazan temporalmente a otras regiones del país.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicitaron un reporte en el que dé a conocer si se han atendido casos relativos a la situación de los jornaleros agrícolas y si se han implementado medidas específicas para procurar la atención de sus derechos fundamentales.
En el resolutivo se hace un llamado a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Pública para que fortalezcan las acciones en contra de funcionarios públicos que cometen actos de abuso de autoridad y extorsión contra jornaleros.
Diputados y senadores solicitan a SRE facilitar acciones para obtención de documentos de mexicanos en el exterior
La Segunda Comisión apoyó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer acciones que faciliten a mexicanos residentes en el extranjero, -particularmente en Estados Unidos- para obtener sus documentos personales y de identidad.
Ello, procurando el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema migratorio de manera afín a ese objetivo, puntualiza el dictamen.
Llama Segunda Comisión a prevenir y erradicar maltrato a adultos mayores
En otro tema, los legisladores acordaron hacer un llamado a los gobiernos federal, estatales y al Distrito Federal, para que implementen un plan de acción dirigido a la prevención y erradicación del maltrato a las personas adultas mayores.
Además, propusieron que se incluya su participación en programas y políticas públicas de manera integral, respetando sus derechos.
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