Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1525

  • Durante el segundo día de actividades de la Semana de la Seguridad Social, se abordaron los problemas y soluciones planteadas para ese país.

A pesar de estar demostrado que el modelo de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) no funcionó en Chile, éstas siguen operando porque las empresas que las controlan administran 70 por ciento del Producto Interno Bruto de ese país, señalaron los expertos que participaron en el panel de debate sobre la experiencia de ese país con las afores.

Durante el segundo día de actividades de la Semana de la Seguridad Social, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Enrique Mayans Canabal, dijo que la administración de fondos representa un gran negocio para unos cuantos; “aunque el pueblo se esté muriendo de hambre, aunque no tengan pensión, y menos sea digna”.

El problema ocasionado por las bajas pensiones generadas por las AFP en Chile ha derivado en protestas multitudinarias de más de tres millones de chilenos en las calles de ese país, mismos que proponen a su Senado una reforma a la ley en la materia, pero que, acusan, no han sido escuchados.

Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, comentó que la discusión no debe ser sólo en materia financiera; sino confrontar la solidaridad al individualismo, y hacer de los impuestos generales una aportación importante que permita que este sistema genere más para los que menos tienen.

Dijo que en Chile, el deterioro del monto de las pensiones constituye un fenómeno con una tendencia irreversible a agravarse, y no va a mejorar; 50 por ciento de los pensionados entre los años 2025 y 2035, obtendrán tasas de reemplazo, iguales o menores a 15 por ciento, y para las mujeres será de 8 por ciento. “A los chilenos se les avecina una catástrofe social causada por las AFP”, subrayó.

Fabio Bertranou, director del equipo de trabajo docente y oficina de países de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, subrayó que se tiene que buscar un diálogo social y los consensos para que haya sostenibilidad social de las reformas en Chile, porque no es suficiente con la sostenibilidad financiera.

Abundó en que lo deseable sería que la fuente principal de financiamiento sea el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no los impuestos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el efecto regresivo que tiene éste sobre las cotizaciones.

Jaime Ruiz Tagle, ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional de Chile, dijo que en su país es tal la indignación nacional por lo que ha pasado con las AFP en estos años, que aunque hay conciencia de que las aportaciones deben ser mayores, los trabajadores no desean dar un peso más a las antiguas Administradoras.

Sostuvo que no hay nuevos avances hacia la capitalización, por el contrario, existe una reversión en términos de volver a unos sistemas mixtos que tengan una dimensión importante de reparto.

Álvaro Gallegos, ex superintendente de Pensiones de Chile, comentó que los sistemas de pensiones en el mundo están amenazados por tres variables: el envejecimiento de la población, las insuficiencias del mercado de trabajo y el bajo rendimiento de las inversiones.

Refirió que, actualmente, 78 por ciento las pensiones se encuentran por debajo del salario promedio, y 44 por ciento de éstas están por debajo de la línea de la pobreza. “El mayor riesgo de un sistema de pensiones, es otorgar bajas pensiones”, dijo.

Carolina Tetelboin, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, señaló que no se debe permitir que los ahorros de los trabajadores sean administrados por empresas privadas, “es un principio fundamental si queremos tener soluciones sociales a los problemas de este tiempo”.

Refirió que en Chile hay una crisis de los fondos de pensiones, y se debate la introducción del aporte patronal para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia a futuro contratado por el Estado.

En el panel de debate, moderó el senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social.

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