Número-1504
- Presentan en el Senado el libro “Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC, Informe 2009-2016”.
- La ley lleva un amplio proceso de consulta, análisis y discusión con diversos sectores.
La Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares debe tener solidos mecanismos y, sobre todo, estar inscrita en los estándares internacionales en la materia, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, al reiterar que el Senado de la República continúa analizando y enriqueciéndola.
En la presentación del libro “Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC, Informe 2009-2016”, dijo que el problema en materia de desaparición forzada y por particulares, se acentúa por la falta de un marco legal adecuado y por la nula ejecución de las autoridades, incluso bastante cuestionado, en el ámbito local.
“Es un problema que tenemos en todo el país, que desde el Senado hemos venido enfrentando y buscando cómo lograr que una ley general pueda resolver los problemas del país, sin violentar el pacto federal y tampoco quitar la responsabilidad que tienen los ámbitos locales; ha sido todo un reto”, señaló la senadora del Grupo Parlamentario del PRD.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Consuelo Morales Elizondo, expresó que este informe, que se refiere a casos documentados, entre enero de 2009 y septiembre de 2016, ofrece información que permite conocer la problemática de desaparición y, con ello, brindar una base sólida para futuras propuestas de atención a este asunto desde el ámbito legislativo, políticas públicas y también desde la sociedad civil.
“Esperamos que esta información fortalezca esfuerzos también nacionales como la emisión de la Ley General de Tortura y la Ley General sobre Desaparición Forzada y por particulares; el Senado tiene en sus manos dos piezas de legislación extremadamente trascendentes”, aseguró.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, hizo hincapié en que el Senado se encuentran trabajando en el proyecto de la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares; que ha atravesado por un amplio proceso de consulta, análisis y discusión con familiares de víctimas, colectivos, organizaciones sociales y organismos de gobierno, y no ha sido nada sencillo, pues han tenido momentos tensos y difíciles, pero la voluntad de sus compañeras senadoras ha resultado que estén en la mesa.
“Estamos en horas cruciales para mantenernos sentadas en la mesa y lograr que antes que se cierre el periodo podamos construir un dictamen que nos permita darle viabilidad a esta ley”, indicó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.
Además dijo que este informe de CADHAC constituye un valioso aporte, resulta de gran utilidad en el proceso de dictaminación y llega en un momento muy oportuno.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, expuso que el informe de CADHAC, es una herramienta fundamental para conocer a fondo el fenómeno de la desaparición de personas y para tomar las mejores decisiones en materia de políticas públicas; pero también es una herramienta fundamental en el diseño legislativo, que es una de las grandes carencias en esta materia, para combatir el delito de desaparición forzada.
“Creo que estamos en un momento clave para llegar a tomar consensos que nos permitan transitar en esta nueva ley general de desaparición forzada”, añadió la senadora del Grupo Parlamentario del PAN.
El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, comentó que el tema de la desaparición de personas hoy en día duele e indigna a todos, y aún más cuando vemos que esta práctica lamentablemente no ha sido erradicada.
Consideró que esto se debe a la falta de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición de personas; como la que actualmente se discute en el seno del Poder Legislativo federal; y reconoció los esfuerzos que se realizan para su eventual expedición.
En la presentación del libro también estuvieron presentes Virginia Buenrostro Romero madre de dos víctimas e integrante de grupo Amores de Nuevo León; Zita Loyo Castellanos, integrante del Comité Cerezo México; y Silvia Aguilera García, directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica.
