Número-1430

  • Recabará las firmas que se requieren para promover la propuesta.
  • Las pérdidas patrimoniales ascienden a más de 30 mil millones de pesos.

 

Grupos de ahorradores defraudados en Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí impulsan una iniciativa ciudadana, a fin de que el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Fipago), cubra al 100 por ciento sus aportaciones y que las autoridades no permitan la operación de más entes financieros que no cumplan con los requisitos legales.

 

Al dar a conocer lo anterior el senador Benjamín Robles Montoya, dijo que buscará a especialistas para que aporten sus propuestas de reformas y realizará foros en diversas entidades; además que recabará las firmas que se requieren para promover dicha propuesta.

 

Durante el “Foro Nacional para la búsqueda de soluciones a defraudados por cajas de ahorro”, explicó que hace dos años comenzó a recorrer las zonas del país donde prolifera el problema de fraudes.  Se hablaba de 250 mil familias afectadas, aproximadamente, hoy podría llegar a 300 mil familias defraudadas por administradores sin escrúpulos, abundó.

 

Se calcula, apuntó,  que las pérdidas patrimoniales han ascendido a más de 30 mil millones de pesos, porque todos los días se reciben llamadas de personas que resultaron afectadas por cooperativistas que se quedaron con sus ahorros.

 

Mario Herrera Carrasco, del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, subrayó que no se vale que personas ajenas al sector cooperativista se apropien de los métodos de las cajas de ahorro sin serlo.  Inmobiliarias, ferreterías, llanteras y hasta farmacias constituidas como sociedades anónimas operan con el nombre de caja de ahorro y la autoridad no actúa en consecuencia, acusó.

 

Por su parte, Alfredo Sánchez Fuentes, presidente de la Alianza Única de Defraudados del Estado de Puebla, invitó a los defraudados a que no pierdan la esperanza de recuperar su dinero. Dijo que si se organizan se puede recuperar esos recurso, e hizo hincapié en que el artículo octavo transitorio de la ley de pago da muchas herramientas para recibir un apoyo, tanto de las que son financieras como las que no son.

 

“Presionemos. Es un deber de ellos apoyarnos y es un deber del gobierno, tanto estatal como federal, resolver este grave problema social. Si nos organizamos, nos pagan porque nos pagan”, puntualizó.

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