{audio}2012/boletines/abr/2012-04-25/990.mp3{/audio}
El Senado aprobó una reforma que integra a la prevención de los delitos como una función adicional de la seguridad pública y promueve la dignificación del sistema penitenciario a través del trabajo comunitario para que los sentenciados cumplan su sanción en condiciones de vida digna.
Con la enmienda a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las instituciones de seguridad deberán abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En opinión de los senadores, uno de los objetivos de la reforma es garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Además, los senadores corrigieron imprecisiones y contradicciones en el contenido de la Ley respecto a ordenamientos como los códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal y Ley de Amparo.
Entre otras precisiones, establecieron que una de las funciones de las unidades operativas de investigación será registrar de inmediato las detenciones que realicen para otorgarle las garantías de ley a los inculpados.
En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a la situación jurídica de los detenidos y será cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva su libertad o en la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal y se haya determinado su inocencia.
También aclararon que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de seguridad pública de la federación, estados y del Distrito Federal realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en el rubro.
Para ello, los centros de las entidades tendrán la atribución de certificar los procesos de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad privada que auxilien a las del ámbito público.
Proponen que el presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar sus reuniones a personas, instituciones “y organizaciones civiles, representativas y plurales, especializadas en la materia”.
A la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia le dieron la atribución de proponer a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las instituciones policiales.
Tras su aprobación con 79 votos a favor, el dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
--oo0oo--
