Número-1260

  • 84.7 por ciento de las acciones gubernamentales no están en condiciones de lograr sus objetivos.
  • Pese a los avances presupuestales y de transparencia, no se logran cerrar las brechas sociales.

 

Es necesario emprender un cambio en las políticas de combate a la pobreza, a fin de conceder a los gobiernos federal y estatales la capacidad que requieren para la aplicación de los programas destinados a disminuir las brechas sociales en el país, afirmó Alejandro González Arreola, presidente de la consultora Gesoc AC, en reunión de trabajo con investigadores del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

 

Actualmente, advirtió, el 84.7 por ciento (133 de los 157)  de los programas sociales no están en condiciones de  favorecer la capacidad del gobierno para incidir en la reducción de la pobreza en 2017.

 

Los programas representan 56 por ciento del total del presupuesto aprobado para 2017, agregándose que 32.1 por ciento el total del recorte aprobado por la Cámara de Diputados se encuentra en los programas y acciones federales de desarrollo social, es decir 77 mil 76 millones.

 

Gesoc AC, se dedica a la promoción de un enfoque de política pública abierta y basada en evidencia robusta entre los sectores público y privado, con el objetivo de establecer estrategias que permitan el desarrollo del país.

 

A convocatoria del presidente del IBD, senador Miguel Barbosa Huerta, el investigador González Arreola recordó que en México los niveles de pobreza se han mantenido igual en los últimos 15 años.

 

Los derechos registrados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en cuanto a ingreso, educación, seguridad social y alimentación, registran avances marginales. Sólo se han registrado  mejoras en las condiciones de servicios de  salud y vivienda.

 

Ello, pese a que se ha registrado una positiva evolución del gasto social gubernamental, que se ha incrementado 10 veces y llegó el año pasado a un billón de pesos aplicados en 262 programas.

 

A lo anterior se agrega una mayor transparencia, pues seis de cada 10 programas presentan de forma clara y pública su desarrollo.

 

Una de las principales causas de ello, es la baja capacidad de los gobiernos federal y estatal en la aplicación de los programas, lo cual ha derivado en que la política social nacional sea cada vez más dispersa.

 

Resultado de ello, es que 7.5 de cada 10 programas sociales a nivel federal no estén en condiciones de resolver los problemas de pobreza, particularmente porque registran recursos dentro de “caja negra”, se aplican de forma dispersa, o registran bajos resultados.

 

En promedio, 54.7 por ciento del presupuesto se ha asignado a programas con nivel de desempeño óptimo, empero este logro se ve disminuido debido a que el 45.3 por ciento se destina a acciones que no reditúan para eliminar la escasez entre la población.

 

En los estados, precisó González Arreola, también se registran graves problemas, pues 28 de las entidades federativas registran una baja o muy baja capacidad para aplicar programas de política social.

 

“Eso nos explica las paradojas de incremento acelerado de presupuesto y programas, sin resultados esperados. Bajo las actuales condiciones de implementación”, concluyó

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