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Es necesario que la Ley de Migración llegue a materializarse en todos los ámbitos de la vida nacional, para evitar que en México se sigan violando los derechos humanos de los migrantes, consideró el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado de la República.
Durante la clausura del Foro: Balance Legislativo en materia de Derechos Humanos y Migración, Avances y retos, el legislador panista subrayó que los migrantes centroamericanos que transitan por el país, deben ejercer su pleno derecho con libertad, respeto y a salvo de cualquier intimidación o atentado.
Ante ello, dijo que la sensibilidad del Senado de la República ha venido evolucionando sobre la situación de los migrantes, “aunque debemos aceptar que la obra legislativa en ésta y otras materias no es perfecta y siempre requerirá de análisis y debates para quitar fallas y poner aciertos”
Por tanto, subrayó que sería demagógico pretender que ésta legislatura asuma toda la agenda que queda pendiente en materia migratoria.
Por su parte, el senador perredista José Luis García Zalvidea, titular de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que en el peor de los escenarios, en México se aplica a los migrantes una doble ley que lastima sus derechos: la obsoleta Ley de Población que viene de los años setenta y un reglamento infame de migración.
A su vez, la senadora perredista Yeidckol Polevnsky del PRD, pidió que dicho reglamento sea regresado al Ejecutivo para que lo sustituya por otro “más humano”, ya que es contrario al espíritu de la misma ley y criminaliza a los migrantes, más que defenderlos.
Sostuvo que el reglamento que propone el Ejecutivo fue hecho desde un ámbito electoral, y no se apega al Artículo Primero de la Constitución que establece el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Consideró que el Gobierno federal debe cancelar la visa a los migrantes, sobre todo los que llegan de Centroamérica, para que no sigan siendo víctimas de autoridades corruptas. “Necesitamos dar dignidad a los migrantes y garantizarles el libre tránsito por el país, sin ser violentados por el crimen organizado, ni por las autoridades de migración.
Por su parte, el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, que encabeza el albergue de migrantes Hermanos del Camino de Ixtepec, Oaxaca, advirtió que el retraso para publicar un nuevo reglamento ha hecho que los migrantes sigan siendo víctimas del crimen organizado y de las autoridades de migración, quienes los extorsionan cada vez que pisan suelo mexicano.
Añadió que ese retraso prolonga la inacción del Poder judicial e impide el inicio de procesos de toma de conciencia y educación en las autoridades.
Pidió la desaparición del Instituto Nacional de Migración, ya que no cumple su misión y, al contrario, sus integrantes agreden a los migrantes a través de operativos crueles e inhumanos contrarios a los tratados internacionales firmados por México en la materia.
Fabienne Venet y Gretchen Kutner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, pidieron al Gobierno federal cancelar la visa a los migrantes centroamericanos, a fin de “quitar dientes” a las autoridades de migración que les exigen ese documento para dejarlos pasar.
Dijeron que la legislación fue una respuesta formal del gobierno frente a la insostenible situación de violación sistemática a los derechos de los migrantes, pero también obedece a la presión internacional y a la matanza que se registró en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas.
El reglamento que rige esa Ley –advirtieron-- fue redactado con buenas intenciones, pero carece de contenidos que den accesibilidad real a los migrantes y a los derechos humanos que les son inherentes e inalienables con independencia de su situación migratoria
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