El Senado de la República exhortó a las secretarias de Hacienda, Seguridad Pública y Función Pública, así como al Instituto Nacional de Migración para que establezcan mayores acciones de vigilancia en los “retenes” y puntos de control migratorio instalados en las carreteras federales y estatales.
Ello, con el fin de evitar la extorsión, sancionar este delito, el abuso de autoridad y para que los servidores públicos involucrados sean separados del servicio y en su caso, consignados ante las autoridades competentes.
El senador priísta Ramiro Hernández García, promovente del punto de acuerdo, aseguró que alrededor de un millón de paisanos que retornan a México procedentes de Estados Unidos son extorsionados, robados y violentados en sus garantías individuales y derechos humanos en diversos puntos de revisión.
“De acuerdo con el testimonio de paisanos que visitan cada año México, el monto promedio de extorsión que tienen que pagar en cada detención es de entre 50 y 100 dólares”, añadió.
Asimismo, expresó que el 31 por ciento de las quejas por extorsión en retenes involucra a policías estatales y municipales y 10 por ciento a elementos de la Policía Federal.
Denunció que en la mayoría de los casos los uniformados detienen a los paisanos y les exigen documentos que prueben la importación legal de los vehículos o su nacionalidad, pese a que no son la autoridad responsable de hacerlo.
Por ello, el legislador por Jalisco consideró necesario que las autoridades competentes emprendan acciones para erradicar este tipo de prácticas que están afectando a la ciudadanía y constituyen puntos de extorsión, que atentan contra la libertad de tránsito, la propiedad y violentan las garantías individuales.
Al apoyar el asunto, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez, expresó que “cualquier ciudadano mexicano que tengan mínima experiencia en el tránsito en carreteras federales sabe que lo que hoy es Policía Federal viven de la extorsión o de las mordidas que les cobran a los que transitan”.
Aseveró que el origen del fenómeno de violencia delincuencial reside en que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la violan.
Por Acción Nacional, el senador Felipe González González sostuvo que resulta peligroso el que se generalice en que es el Ejército y una policía --en las carreteras—las corruptas.
Dijo que hay que castigar a los que incurren en ese delito, pero “no se vale que en el Senado tachemos el último reducto para la seguridad de este país, como si fueran unas corporaciones de facinerosos”.
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