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Con 69 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el Senado de la República avaló el acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que permite la explotación conjunta de éstos por parte de México y Estados Unidos.
Los senadores estimaron que el convenio, suscrito en Los Cabos el 20 de febrero pasado, no se contrapone con ninguna disposición constitucional o legal, por lo que resulta pertinente toda vez que la soberanía nacional podrá ser ejercida de manera irrestricta.
Lo anterior, precisaron, ya que los países que lo suscriben no podrán interpretar el acuerdo de manera unilateral en beneficio de sus propios intereses.
Hicieron notar que este instrumento internacional facilita una explotación adecuada y equitativa de los yacimientos que trascienden las fronteras de ambos países, además de que prevé mecanismos para la solución de controversias y la protección ambiental.
Para ello, establece las bases de cooperación sobre la exploración y explotación conjunta de hidrocarburos y yacimientos que se extienden a través de la línea de delimitación, cuya totalidad esté situada más allá de nueve millas náuticas del litoral.
Sin embargo, aclararon que el gobierno de los Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre los recursos del subsuelo marino que se encuentran en el límite de nueve millas, debido a que en ese país la soberanía sobre los mismos la tienen los estados de la Unión.
Al respecto, explicaron que en este caso es el estado de Texas quien tiene la soberanía sobre ese territorio, “con el cual si bien no es posible suscribir un tratado, se buscarán fórmulas de cooperación similares a las contenidas en el acuerdo.”
Los legisladores consideraron que el convenio brinda plena certeza a ambos países al establecer un marco jurídico claro que permitirá alcanzar una explotación segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
Es --dijeron-- “un paso de la mayor trascendencia” para que el país pueda acceder a los hidrocarburos que eventualmente comparta con su vecino del norte”.
Al hablar a favor del dictamen, el senador panista Rubén Camarillo Ortega dijo que la negociación del tratado no es nueva y “no lo estamos sacando de la manga en este momento, ya que es un proceso que ha durado casi 20 años”.
“Nos hemos preparado por años --agregó--, lo hemos discutido a detalle, a profundidad y el documento final estuvo a nuestra disposición por semanas, así que quienes voten a favor de la ratificación están votando a favor de los intereses de los mexicanos”.
También de Acción Nacional, el senador Luis Alberto Villarreal García expresó que con este acuerdo “gana” México, la industria petrolera y la economía nacional.
Además, destacó, permite que Pemex adopte las mejores prácticas de explotación y el uso de tecnología de punta para la extracción de aguas profundas con los más altos estándares de seguridad.
Por su parte, la senadora Rosario Green Macías, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que el documento suscrito “mantiene en todo momento la soberanía sobre los recursos energéticos de la nación”.
Al prever mecanismos para la solución de problemas derivados de la explotación conjunta de estos yacimientos, agregó, “el acuerdo deja atrás un vacío jurídico y cancela la posibilidad de una producción unilateral no regulada, inequitativa e ineficiente”.
La legisladora priista subrayó que también otorga certeza jurídica a todos participantes en las acciones relacionadas con el aprovechamiento de los hidrocarburos transfronterizos, condición sine qua non para la realización de las cuantiosas inversiones que requieren este tipo de actividades.
“Desde nuestro punto de vista --reiteró-- los contenidos del acuerdo sientan las bases para una distribución justa y equitativa de los recursos transfronterizos, a la vez que garantizan la protección de los derechos soberanos de México sobre sus hidrocarburos con apego a la Constitución y las leyes nacionales”.
En tanto, el senador priista Francisco Labastida Ochoa advirtió que sería un error no firmar y apoyar el pacto “porque significaría que el país se quedara sin un marco jurídico que defienda sus intereses frente a Estados Unidos”.
Estimó que se trata de un asunto de la mayor relevancia y trascendencia para nuestro país, pues con ello “estamos defendiendo la soberanía nacional y los mejores intereses de México”.
Si no lo firmamos --advirtió-- vamos a estar en la peor condición en donde gana el que tiene el poder y la tecnología, y ese es Estados Unidos; por eso estamos defendiendo los intereses legítimos de México al apoyar y firmar este tratado.
En opinión del senador perredista Pablo Gómez Álvarez en el tratado “no existen bases objetivas de carácter jurídico que conduzcan necesariamente a la unificación” de las partes en la explotación de los yacimientos.
Este, añadió, “es un problema relevante” porque uno de los dos países puede eludir los acuerdos para cumplir con este objetivo.
Señaló que Estados Unidos ha concedido cerca de 30 concesiones o permisos para la explotación de hidrocarburos en la zona limítrofe con México, pero los concesionarios --en la parte norteamericana-- “no están obligados a la observancia del tratado”.
En este escenario, resaltó, el gobierno norteamericano manifestó en el texto del convenio que “hará todo lo posible porque de manera voluntaria los actuales permisionarios, concesionarios o licenciatarios admitan la puesta en práctica, de manera extemporánea, del tratado”.
A su vez, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, subrayó que se trata de “una actitud regresiva y entreguista del patrimonio nacional”.
Lo que hoy subyace en este acuerdo --mencionó-- es el ánimo de privatizar a Pemex, ya que “en los detalles está el diablo”.
Consideró que existe una prisa que puede comprometer el patrimonio del país al amparo de este acuerdo.
En su oportunidad, el senador Arturo Escobar y Vega, del PVEM, dijo que el tratado da certidumbre jurídica para proteger la riqueza nacional.
Además, comentó, permite que de manera conjunta se establezca con claridad qué pasa con la riqueza, producción, exploración, explotación e investigación de yacimientos transfronterizos.
Previo a la discusión, la fracción parlamentaria del PRD en voz del senador Gómez Álvarez presentó una moción suspensiva para que el dictamen se devolviera a las comisiones dictaminadoras para revalorar la oportunidad de su aprobación, pero fue rechazada por la asamblea.
El documento se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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