Número-1026

  • Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezan la lista de candidatas, presidentas municipales y regidoras son amenazadas.
  • También solicitó investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por comentarios misóginos.  

 

El Pleno del Senado de la República aprobó -en votación económica- tres dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género: el primero, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que envíen un informe relativo a los diversos actos relacionados con violencia política en contra de las mujeres por razones de género en diversas entidades del país.

 

El dictamen, aprobado durante la sesión de este martes, establece que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

 

Resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral, establece el documento.

 

Detalla que Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezan la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras son amenazadas para que dejen su cargo, ya que no existe algún tipo penal que las proteja.

 

La senadora Lorena Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó a México como uno de los 20 peores países en cuestión de violencia de género, por lo que recientemente se presentó el protocolo para emitir la Alerta de Género.

 

Subrayó que la violencia de género favorece a que muchas mujeres con trayectoria desistan de sus actividades, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.

 

Itzel Ríos de la Mora, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que prevenir la violencia política contra las mujeres, es uno de los grades pendientes que tiene la sociedad mexicana.

 

Dijo que la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos.

 

La senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PRI, denunció que 63 de cada 100 mujeres en México, de 15 años y más, ha padecido algún incidente de violencia; y casi la mitad de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sido agredidas.

 

Detalló que entre 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en México; y las féminas más expuestas a la violencia son las que tienen entre 30 y 39 años; y 68 por ciento ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

 

Luisa María Calderón, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que la estrategia pública contra la violencia política hacia las mujeres no está funcionando, porque sólo las mujeres luchan por las mujeres.

 

Propuso cambiar la estrategia política, y que 50 por ciento de los legisladores del Congreso trabajen en las comisiones, e igual porcentaje acuda a los talleres contra la violencia de género, “porque finalmente quien nos violenta, son los hombres”, dijo.

 

Otro dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que inicien una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el presidente de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel Sánchez Macías, emitidas durante su participación en los Diálogos sobre la Paridad de Género, el 7 de noviembre de 2016, constituyen faltas o conductas graves que limiten, anulen y menoscaben los derechos de las mujeres y, en su caso, ameriten sanción.

 

El tercer dictamen, exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las campañas de concientización hacia la población, en los tres niveles de gobierno, para la promoción de la igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres.

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