Número-895
- Se delimitan las circunstancias en que se puede afectar la seguridad interior y regula las medidas que utilizará el Estado para la atención y solución de ellas.
- Una policía corrupta y mal pagada no podrá resolver el problema de la seguridad pública del país, advierte el legislador.
El senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Interior, cuyo objeto es delimitar las circunstancias que pueden generar afectaciones extraordinarias a la seguridad interior; la regulación de las medidas excepcionales que debe implementar el Estado para atención y resolución, así como la definición de las autoridades que deben participar en su ejecución.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el legislador señaló que la realidad es que la policía está corrompida y cooptada por el crimen organizado, además de que es poco profesional y mal pagada, por lo que no puede resolver ni enfrentar el problema de seguridad pública que vive el país.
Resaltó que el combate al crimen organizado no se entiende sin la participación del Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas, por lo que es necesaria su regulación.
Precisó que los temas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles y no pensar que una ley de seguridad interior permitirá a las Fuerzas Armadas manejar el proceso indagatorio, de investigación y de lo relacionado a la persecución de delitos, pues se tendría que hacer primero una reforma constitucional.
Barbosa Huerta añadió que es necesario establecer un marco normativo para que el Ejército participe de manera legal en acciones de prevención y de ejecución de órdenes de aprehensión, acompañando a las autoridades civiles, y que además, cuente con controles parlamentarios, de transparencia y de rendición de cuentas.
El legislador del PRD exhortó a la Cámara de Diputados a abogar por que se resuelva la minuta enviada por el Senado sobre la reforma constitucional, en materia de seguridad pública, que reforma al modelo policial.
La propuesta establece que la seguridad interior comprende la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, en todo o en una parte del territorio nacional, así como la preservación colectiva de la integridad física y patrimonial de la población y el pleno goce de los derechos humanos y sus garantías, bajo los supuestos comprendidos en la Ley de Seguridad Nacional.
Precisa que constituyen acciones de seguridad interior, las medidas excepcionales implementadas por el Estado mexicano, para hacer frente a los actos y las circunstancias que puedan generar afectaciones extraordinarias a la seguridad interior.
Asimismo, prevé que las medidas de seguridad interior, decretadas de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sean de carácter estrictamente temporal y que ninguna de las medidas contenidas en el Decreto respectivo, ni su implementación, podrán restringir o suspender el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y su garantías, reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en materia.
La iniciativa, también prevé que las autoridades que implementen las acciones dispuestas por el Decreto deberán someter su actuación, en todo momento y sin excepción, a los protocolos vigentes emitidos por las autoridades civiles correspondientes sobre la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, uso de la fuerza, detención, cadena de custodia, entre otros.
La actuación de las autoridades, agrega, debe mantenerse siempre dentro del margen de sus atribuciones y en el ámbito de su estricta competencia.
La propuesta del senador del PRD contempla también lo relativo a la atención a la población en caso de riesgo por sustancias químicas o radioactivas, desastres naturales, y a la neutralización de amenazas constituidas por grupos de la delincuencia organizada en municipios, entidades federativas o regiones.
Asimismo, prevé que el Senado de la República podrá objetar la participación de elementos de la Fuerza Armada permanente que disponga el Decreto de medidas excepcionales para la seguridad interior.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República; y de Gobernación y Seguridad Pública, para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión; de la Cámara de Diputados.
