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El senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, propuso reformar la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, a fin de establecer que los titulares de las dependencias deleguen facultades administrativas para tramitar o resolver medios de impugnación, a efecto de que éstos se resuelvan en la entidad federativa que corresponda.
Para ello, explicó, bastará la emisión de acuerdos generales que establezcan la forma y términos de tal delegación de facultades, pero “los titulares de las dependencias conservarán la facultad de atraer aquellos asuntos que por su cuantía, naturaleza o trascendencia estime necesario conocer y resolver”.
Desde la tribuna, el legislador por Zacatecas expuso que “en nuestra realidad política perduran resabios de un centralismo que ha sido responsable a lo largo de nuestra historia de eventos aciagos y de una incapacidad sistémica para reaccionar con oportunidad y efectividad ante los retos de la nación”.
En este sentido, indicó que una de las facetas “más dañinas” de ese fenómeno es el llamado centralismo administrativo, que concentra decisiones fundamentales en unas cuantas oficinas o personas.
Dijo que este tipo de centralismo impide el acceso a una justicia pronta y expedita, además de que amenaza las garantías de audiencia y legalidad, limita la capacidad de los ciudadanos en la solución de quejas y controversias, incrementa costos, tiempos y condena al país a un escaso crecimiento económico y baja competitividad.
Agregó que este problema se manifiesta a lo largo de todas las fases del procedimiento administrativo y “se materializa con particular fuerza en los medios de impugnación establecidos como mecanismo de defensa legal de los particulares que se consideren afectados en sus derechos e intereses por un acto administrativo determinado”.
Torres Mercado mencionó que en la actualidad dicha Ley señala que la interposición del recurso de revisión se hará ante la autoridad que emitió el acto impugnado, pero será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo.
El problema --subrayó-- es que en un gran número de casos el superior jerárquico es el titular de la dependencia, lo que obliga a los quejosos a buscar la resolución de sus recursos en las oficinas centrales de las dependencias gubernamentales.
Señaló que regularmente los asuntos más complejos o que generan mayor litigio son resueltos en la Ciudad de México, lo que puede convertirse en un verdadero calvario para aquel que lo promueve.
Por ello, consideró que la Cámara de Senadores no puede ser ajena a este problema, “menos aún si consideramos que quienes la integramos somos depositarios y garantes del pacto federal”.
La atención que preste el Senado a este asunto puede generar enormes beneficios sociales y contribuir de manera decisiva a impulsar el desarrollo económico de diversos municipios y regiones, así como del país en su conjunto, por lo que es hora de actuar, no podemos perder más tiempo, puntualizó.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación correspondiente.
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