Número-807
- El órgano de regulación administrativa facilitará la relación de las personas con la administración, aseguró el senador Enrique Burgos.
- Legislar para mejorar deficiencias del sistema de justicia, es permitir la minimización de la corrupción y la impunidad de las instituciones, senador David Monreal.
El Senado de la República aprobó con 95 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución Política en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y Registro Civil.
El proyecto establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para simplificar regulaciones, trámites y servicios; destaca que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir la legislación general que establezca principios y bases en materia de mejora regulatoria; mecanismos alternativos de solución de controversias, distinta de la materia penal; de justicia cívica e itinerante; y las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de los registros civiles.
En los artículos transitorios se establece que, en un plazo que no exceda de 180 días naturales tras la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales en la materia, precisa que los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor del decreto, continuarán siendo válidos, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su expedición.
Asimismo, los procedimientos iniciados las resoluciones emitidas con fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse; precisa que las leyes generales deberán contener o considerar en materia de registros civiles, la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional y medidas de seguridad física y electrónica.
En materia de mejora regulatoria, se considera un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares; establece la obligación para la autoridad de facilitar los trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información; y la inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que la misma disponga, y por lo que hace en materia de justicia cívica e itinerante precisa los principios que deben sujetarse las autoridades para que sea accesible y disponible a los ciudadanos, y observa las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las autoridades federativas.
También contempla los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley. Para ello, se adiciona un párrafo último al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXI-Y y XXIX-Z al artículo 73, y se reforman las fracciones XXI, inciso c y XXIX-R del artículo 73 de la Constitución.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que la mejora regulatoria debe ser un objetivo de carácter nacional; resaltó que se contará con un órgano de regulación administrativa, y dijo que ello facilitará la relación de las personas con la administración y la simplificación de normas derivadas de las leyes.
Además, dijo, fortalecerá los incentivos para emprender, consolidar y ampliar las actividades de carácter económico. Añadió que se contribuye para que en todo el país se incrementen y consoliden las instancias con competencias para conocer y resolver aquellas cuestiones inherentes a la violación de las normas administrativas más básicas.
El senador del Grupo Parlamentario del PT, David Monreal Ávila, indicó que legislar para mejorar las deficiencias del sistema de justicia es el inicio para dar pauta a nuevos mecanismos que permitan minimizar la corrupción y la impunidad de las instituciones.
Consideró que en las controversias judiciales no se respetan el buen ejercicio de la impartición de justicia, pues dijo que esto se deriva en acciones que retrasarán aún más los casos y alejarán a la sociedad de los tribunales, dejando un sesgo de insatisfacción de justicia.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, dijo que en lo que se refiere a la justicia cívica e itinerante, ésta es una nueva forma de entender el federalismo, al dotar a las entidades de normas equitativas en la materia.
En lo referente a la mejora regulatoria, expresó la necesidad de crear un ambiente que propicie la competitividad nacional, la transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la acción gubernamental.
El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, expresó que la justicia cotidiana debe ser mucho más accesible, eficaz y eficiente; y al referirse a los mecanismos alternativos de mejora regulatoria indicó que esto es sólo una parte del sistema de justicia, el cual es complejo.
En cuanto a la justicia itinerante, señaló que es una respuesta a la marginación jurídica que se vive en los lugares alejados del territorio nacional.
Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, se pronunció en contra de los proyectos de reforma constitucional, pues expuso que con ello se atenta contra la autonomía de las entidades federativas.
Indicó que con ello se elimina la libertad de autodeterminación en las funciones de ejercicio e impartición de justicia; y, dijo, se estaría regresando al centralismo y eliminando la facilidad que tenían los estados de administrar no sólo los recursos, sino también la justicia.
La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Pilar Ortega Martínez, subrayó que en la medida en que un sistema de justicia es capaz de procesar efectivamente los conflictos de la vida diaria, previniendo y sancionando las conductas ilícitas, se reducen los costos y los tiempos de estos conflictos.
Indicó que la propuesta, más que invadir las responsabilidades de las entidades federativas, lo que busca es garantizar el pleno acceso a la justicia de todos los mexicanos; y aseguró que no se ignora lo que piensan las entidades federativas, ya que cuando se construyan la leyes secundarias se van a generar mecanismos para saber qué legislación puede tener una mejor aplicación en los estados.
